La declaración de emergencia agropecuaria por la falta de lluvias en Uruguay había sido solicitada desde principios de año; sin embargo, el gobierno esperó cerca de un mes y medio antes de adoptarla. Previamente, la administración de Yamandú Orsi había ofrecido otros apoyos al sector productivo, pero no había declarado la emergencia, que habilita mecanismos adicionales y la compra pública de ración sin los trámites burocráticos habituales.
En el sector productivo consideran que la medida llegó tarde, aunque la valoran positivamente; por su parte, la oposición criticó la actuación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en este tema.
La declaración alcanza a los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo. Además, incluye varias seccionales de los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres.
“Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran”, señala el comunicado del MGAP.
El director de Recursos Naturales del ministerio, Gustavo Garibotto, indicó que la decisión se tomó sobre la base de datos objetivos. El déficit hídrico se registra en 12 de los 13 departamentos al sur del Río Negro, aunque el ministerio consideró que en algunos aún no es necesario declarar la emergencia.
Garibotto explicó que las medidas están orientadas a apoyar a los productores más pequeños, en particular a las unidades familiares con menos de 100 hectáreas Conneat 100.
También afirmó que, si los datos técnicos muestran la necesidad de ampliar la cobertura, se sumarán nuevas zonas a la declaración.
Respecto a quienes quedaron fuera de la medida, Garibotto señaló que, si bien están en una situación próxima a la crítica, no se encuentran en condiciones tan adversas como otras áreas incluidas.
Tras el anuncio del gobierno, la Federación Rural del Uruguay remarcó que las precipitaciones recientes siguen siendo inferiores a las requeridas por la actividad agropecuaria. Según Rafael Normey, presidente de la gremial, las medidas aplicadas hasta ahora habían sido paliativos que no cubren completamente las necesidades del sector.
Normey consideró la declaratoria de emergencia como algo positivo y sostuvo que debería motivar la profundización de las medidas. Insistió en que vienen solicitando la declaración desde enero.
El sector aún no ha cuantificado en detalle las pérdidas, aunque algunos cultivos ya muestran daños significativos. En particular, el maíz temprano presenta perjuicios importantes, cuya magnitud todavía no está totalmente estimada debido a que la cosecha está en curso.
También reportaron un impacto considerable en la soja, cultivo que igualmente se encuentra en proceso de evaluación.
El senador opositor Sebastián Da Silva, quien se define como defensor del campo, criticó con dureza la decisión del gobierno.
Da Silva calificó la medida como un “desastre” y una “tomadura de pelo”, cuestionando el retraso en la respuesta frente a la visible pérdida de agua en tajamares y reservorios. Es legislador del Partido Nacional.
En una rueda de prensa, el senador objetó que queden excluidos departamentos como Colonia y Soriano, y parte de Lavalleja, y cuestionó la actuación del ministro Alfredo Fratti, calificando la situación de vergonzosa.
En el oficialismo, en cambio, valoraron el trabajo y las decisiones del ministro.
