Bolivia reanudó la erradicación de cultivos de hoja de coca tras casi un año de suspensión. El gobierno de Rodrigo Paz inició las acciones en una ceremonia en Chimoré, en el centro del país; las tareas habían quedado paralizadas por conflictos internos en la administración anterior.
El objetivo es limitar la expansión de los cultivos y restituir la presencia e institucionalidad del Estado.
La reactivación se produce tras la paralización del proceso durante 2025 por tensiones entre los expresidentes Luis Arce y Evo Morales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que la superficie cultivada aumentó un 10% en 2025 y podría haber llegado a unas 40.000 hectáreas, muy por encima del tope legal de 22.000 hectáreas fijado por la ley de 2017, promulgada en el Gobierno de Morales.
En la ceremonia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la administración busca recuperar la institucionalidad y el respeto a la ley. Añadió que las autoridades están dispuestas a dialogar con los productores y que la erradicación debe realizarse por consenso para prevenir la expansión del narcotráfico.
La operación se inició en el Trópico de Cochabamba, una zona con alta producción de hoja de coca y tradicional bastión político de Morales. La llegada de las autoridades motivó vigilias de cocaleros afines al expresidente, quienes expresaron desconfianza hacia el gobierno.
Efraín Seña, dirigente cocalero, declaró en la emisora Kausachun Coca que los productores aceptarían la erradicación siempre que se respeten las normativas vigentes, aunque mantienen reservas sobre la actuación estatal.
El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre, modificó el enfoque de la política exterior, acercándose a Estados Unidos y allanando el camino para la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Según informó AP, ambas partes trabajan en el intercambio de información y preparan un acuerdo para el regreso de la DEA al país, luego de 18 años de ausencia.
En el acto participaron también el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y la representante de la UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza, encargada de supervisar los cultivos y el cumplimiento de la ley.
Justiniano instó a los productores legales a colaborar con las autoridades en la lucha contra la producción ilícita y reiteró la intención del gobierno de alcanzar acuerdos con los sectores involucrados.
Bolivia es actualmente el tercer productor mundial de hoja de coca, detrás de Colombia y Perú. La expansión de las plantaciones responde a usos tradicionales y, en algunos casos, a la producción destinada al narcotráfico.
La operación continuará bajo la supervisión de organismos internacionales y con el compromiso gubernamental de respetar la ley y mantener el diálogo con los sectores afectados, en un contexto político y social que mantiene la atención de las comunidades productoras y de observadores internacionales.
(Con información de AP y EFE)
