El gobierno de Yamandú Orsi presentó un Plan Nacional de Seguridad que había generado expectativas durante su primer año de gestión. El ministro del Interior, Carlos Negro, lo definió como un “modelo uruguayo” para la seguridad pública, con la intención de evitar enfoques autoritarios de otros países. El presidente convocó a su gabinete para dar a conocer el documento final.
El plan otorga un papel más relevante a las Fuerzas Armadas y propone endurecer penas para ciertos delitos, como el porte de armas. Plantea un horizonte de aplicación de medidas de diez años y ya recibió críticas de la oposición, que considera que la propuesta no satisface las expectativas.
Según el propio documento, el “modelo uruguayo” se organiza en siete ejes estratégicos y presenta un diagnóstico de la situación: la seguridad pública tiene problemas graves y persistentes, entre ellos violencia letal, expansión de economías criminales, violencia contra mujeres y menores y el surgimiento de nuevas modalidades delictivas, como estafas.
Las propuestas del Gobierno
El plan incluye 135 medidas en total.
Una de las propuestas es desplegar militares en la frontera mediante la creación de un centro de comando unificado que extienda la jurisdicción de las Fuerzas Armadas a todo el límite fronterizo, medida que requiere aprobación parlamentaria.
Se propone crear una policía especial para eventos deportivos, con el objetivo de que las fechas de partidos de riesgo no reduzcan la presencia policial en los barrios; en esas jornadas se destinan habitualmente alrededor de 1.000 efectivos.
El Gobierno plantea controlar el mercado de municiones y remitirá un proyecto de ley para endurecer las penas por portación de armas.
El ministro Negro advirtió que hoy el mercado de municiones está “absolutamente liberado” y carece de control. Señaló que, sin municiones, las armas de fuego pierden eficacia operativa.
Se implementarán “anillos digitales” en los accesos a Montevideo, con cámaras de reconocimiento facial y de matrículas para controlar el ingreso a la capital.
Se creará una fiscalía especializada en asuntos penitenciarios para atender los delitos que se cometen dentro del sistema carcelario.
El plan contempla la incorporación de 2.300 policías para cubrir vacantes y crear nuevos cargos, con proyección al año 2027.
Incluye además el concepto de “justicia terapéutica” dirigido a personas que cometen delitos menores y tienen problemas de adicción, priorizando intervenciones de salud para ayudar a abandonar las adicciones, según explicó el presidente Orsi.
También se anunciaron nuevos dispositivos para abordar la violencia de género y doméstica: agresores que actualmente no están incluidos en los esquemas de tobilleras podrán ser controlados mediante dispositivos electrónicos alternativos. Para mejorar la respuesta policial, se implementará una “alerta roja” que permita actuar con rapidez en casos graves, medida motivada en parte por casos recientes de violencia fatal.
Una fórmula que “fracasó”
Negro reconoció que un porcentaje importante de la población se siente inseguro y dijo que el gobierno se compromete a redoblar esfuerzos para revertir esa percepción.
Orsi afirmó que la estrategia no parte de cero y que es el resultado de años de trabajo y de la acumulación de experiencias de la Policía Nacional.
El ministro Negro describió el plan como una “otra forma” de abordar la seguridad, remarcando que su elaboración fue participativa pero sin eludir la responsabilidad del Ejecutivo. Aclaró que no se trata de un cogobierno, sino de un diseño impulsado por el gobierno que incorpora aportes de distintos sectores.
El jerarca, que ha señalado que Uruguay suma tres décadas de políticas de seguridad que no dieron resultados, sostuvo que este plan se diferencia de recetas anteriores que se limitaban a proponer aumentos de penas o a renombrar delitos sin cambios estructurales.
“Quisimos salir de esa dinámica porque sabemos que esa fórmula fracasó”, dijo el ministro, y añadió que parte de la situación actual es consecuencia del fracaso sistemático de enfoques previos en seguridad pública.
Orsi puntualizó que las medidas presentadas no son definitivas y pueden modificarse con el tiempo, descartando que el plan quede “congelado”.
