El gobierno del Reino Unido rechazó la petición de Estados Unidos para utilizar bases militares británicas en un posible ataque contra Irán, medida que provocó tensiones diplomáticas y afectó las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Chagos. Según BBC y The Times, el primer ministro Keir Starmer comunicó al presidente Donald Trump que acceder a esa solicitud sería contrario al derecho internacional.
La negativa se produjo en un contexto de creciente tensión regional, mientras Washington elaboraba planes para un posible ataque preventivo contra instalaciones iraníes. The Guardian indicó que la solicitud estadounidense abarcaba el uso de la base de Diego García y de la RAF Fairford, donde operan bombarderos estratégicos estadounidenses en Europa.
El Ejecutivo de Starmer sostuvo que cualquier operación militar lanzada desde territorio británico o desde instalaciones bajo su control requiere autorización expresa y debe ajustarse a la interpretación nacional e internacional de la legalidad del uso de la fuerza.
Un portavoz citado por The Times señaló que no se comentan asuntos operativos, que hay un proceso político entre Estados Unidos e Irán respaldado por el Reino Unido, y que la prioridad es impedir que Irán adquiera un arma nuclear y preservar la seguridad regional.
El episodio tensó las relaciones entre Londres y Washington. Fuentes citadas por The Guardian atribuyeron el cambio de postura de la Casa Blanca sobre el acuerdo de las Islas Chagos, en parte, al rechazo británico a facilitar bases para operaciones contra Irán.
En su red social Truth Social, el presidente Trump advirtió que si Irán no alcanza un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos use Diego García y Fairford para neutralizar un posible ataque de lo que describió como “un régimen inestable y peligroso”.
Trump presentó esa opción como una medida de defensa propia, alegando que un ataque iraní podría dirigirse contra el Reino Unido y aliados. El gobierno británico respondió recordando que, según el derecho internacional, no hay distinción legal entre el Estado que ejecuta un ataque y aquel que presta apoyo logístico si conoce la ilegalidad de la acción.
La disputa afectó de inmediato las conversaciones sobre el futuro de las Islas Chagos, un territorio en el océano Índico cuya transferencia estaba contemplada en un acuerdo valorado en 35.000 millones de libras. The Times informó que la Casa Blanca retiró su apoyo a la transferencia por motivos de seguridad, dejando el pacto en suspenso.
El exasesor Ben Judah expresó su preocupación por la viabilidad política de la transferencia, señalando que la nueva situación complica los márgenes de maniobra del gobierno y podría obstaculizar avances en las próximas semanas.
El Partido Conservador presionó al Ejecutivo de Starmer para que reconsidere su postura y autorice el uso de las instalaciones británicas en apoyo a Estados Unidos.
James Cartlidge, portavoz de defensa de la oposición, afirmó que el programa nuclear iraní amenaza seriamente al Reino Unido y aliados, y que, si la acción estadounidense fuera necesaria y se considerara que protege el interés nacional, el Reino Unido debería permitir el uso de sus bases.
Las bases de Diego García y RAF Fairford ya se han utilizado en operaciones coordinadas entre ambos países. El mes anterior, aviones estadounidenses operaron desde suelo británico para interceptar un buque petrolero identificado como Bella 1.
En el Parlamento, el ministro de Defensa John Healey recordó que cualquier intervención debe cumplir estrictamente la legislación británica y la interpretación del derecho internacional del Reino Unido. Ese principio también se defendió en 2003, cuando la entonces fiscal general Lord Goldsmith afirmó que el uso de la fuerza solo es lícito como respuesta a un ataque real o inminente.
En el trasfondo de la controversia, la administración estadounidense prepara una movilización militar que, según fuentes del Pentágono, podría alcanzar niveles no vistos desde la invasión de Irak.
Trump afirmó que Estados Unidos estaría listo para iniciar “acciones mayores” en cuestión de días si las negociaciones nucleares fracasan, subrayando que Irán no puede obtener un arma nuclear porque ello impediría la paz en Oriente Medio.
El futuro del acuerdo sobre las Islas Chagos sigue siendo incierto, dado que la aprobación parlamentaria en Londres requiere el respaldo de Washington. La discusión sobre el tema no apareció en la última conversación oficial entre los líderes, lo que aumenta las dudas sobre la continuidad del proceso legislativo.
Mientras tanto, el gobierno británico mantiene que su prioridad es la seguridad nacional, según declaraciones oficiales.
La ministra para Víctimas, Alex Davies-Jones, afirmó que el Reino Unido continuará cooperando con sus aliados, incluidos Estados Unidos, pero que la seguridad nacional debe ser la prioridad en cualquier decisión.
