El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, afirmó este lunes que la investigación sobre el origen del dinero con el que se adquirió la casaquinta de Pilar —valorada en 17 millones de dólares y vinculada a la AFA— debe regresar al juzgado federal del juez Daniel Rafecas, en la Ciudad de Buenos Aires.
Villar sostuvo que enviar la causa al Juzgado de Campana sería un error y generaría dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso.
A pesar de haber presentado ese dictamen, la Cámara de Casación suspendió la audiencia luego de una recusación planteada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra la jueza Ángela Ledesma, designada para intervenir en el expediente. Por esta razón, la resolución sobre la competencia quedará demorada.
Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo deben decidir ahora si confirman a Ledesma en el caso o si corresponde sortear nuevamente a un tercer magistrado para dirimir el conflicto de competencia.
Carrió pidió apartar a Ledesma alegando presuntos vínculos de la magistrada con sectores judiciales de Santiago del Estero, provincia natal del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La denunciante aclaró que esas conexiones podrían coincidir con las del imputado, sin que ello implique necesariamente una imputación directa sobre la solvencia profesional de Ledesma.
Lavado de activos
Al pedir que el expediente vuelva a Rafecas, Villar consideró que las maniobras investigadas muestran un flujo de fondos a través de estructuras jurídicas y personas físicas que podrían ocultar su origen: fondos lícitos no declarados por la entidad, recursos desviados para fines privados o montos de origen ilícito aplicados en posteriores operaciones.
El fiscal sostuvo ante la sala I de la Cámara Federal de Casación que la causa no debe seguir tramándose en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, y pidió revocar la decisión de la Cámara Federal de San Martín que trasladó el expediente a ese distrito. Con ello, respaldó un recurso presentado por el fiscal de Campana, Carlos Cearras.
En sentido contrario, la defensa de los dos imputados señalados como supuestos testaferros —Luciano Pantano y su madre Ana Conte— reclama que la causa permanezca bajo la jurisdicción de González Charvay.
La casaquinta de los 17 millones
La disputa judicial gira en torno a la investigación por la casaquinta de Pilar, valuada por la Justicia en 17 millones de dólares, además de una flota de autos de alta gama encontrada en un galpón. La propiedad cuenta asimismo con helipuerto y caballerizas.
Rafecas fue el primer juez que intervino en la pesquisa, pero luego se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a cargo del juez Marcelo Aguinsky.
En enero último, Aguinsky tuvo que enviar el expediente al juzgado de González Charvay luego de que el juez de feria de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, respaldara la inhibitoria promovida por el magistrado de Campana.
Durante la etapa en la que el caso estuvo en el juzgado de Rafecas se ordenaron allanamientos en la quinta, se dispuso custodia permanente y se encargó una pericia que determinó el valor real de la propiedad, distinta al monto por el cual había sido escriturada (1,8 millones de dólares).
El origen del conflicto: un mail
Villar argumentó que la cuestión de competencia debe resolverse, por el objeto de la causa y por la especialización en materia de lavado de activos, a favor de la Justicia Federal Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el expediente debería volver al juzgado de Rafecas.
Como alternativas, el fiscal propuso que, si no se comparte esa postura, el caso regrese al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky; y, en tercer lugar, que la resolución del conflicto de competencia corresponda a la Cámara en lo Penal Económico de la CABA y no a la Cámara de San Martín.
Sobre el inicio del episodio que motivó la inhibitoria que presentó el juez de Campana, Villar señaló que todo comenzó con un correo electrónico enviado al juzgado por la defensa de Pantano el día en que debía presentarse ante Aguinsky. Tras ese envío, Charvay reclamó la causa y la declaración prevista quedó sin efecto.
El fiscal advirtió que en Campana no existía una causa previa a ese correo: no se trató de una actuación policial, de un pedido de instrucción ni de una denuncia formal. En su criterio, no puede plantearse una cuestión de competencia entre una causa existente y lo que solo aparentó serlo, y esa “apariencia de causa” perjudica los demás argumentos sobre competencia.
Villar recordó que la garantía del juez natural impide no solo juicios por comisiones especiales, sino también alteraciones dirigidas de las reglas de competencia territorial, y señaló que la sede central de la AFA al momento de los hechos investigados se encontraba en la calle Viamonte, en la CABA.
Qué se investiga
Respecto del cometido de la investigación que vincula a dirigentes de la AFA, como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, el fiscal describió la presunta existencia de una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos de la AFA mediante un entramado financiero complejo.
Según la hipótesis fiscal, esos fondos, bajo el pretexto del control cambiario y mediante mecanismos con comisiones elevadas (alrededor del 30%), habrían sido desviados y ocultados respecto del patrimonio de la AFA a través de sociedades constituidas en el exterior, incluidas algunas en paraísos fiscales con cuentas offshore, con participación o aquiescencia de dirigentes o allegados.
Los ingresos de la AFA implicados incluirían pagos por derechos comerciales, auspicios extranjeros de la Selección y derechos de transmisión, entre otros conceptos. Parte de la pesquisa apunta a operaciones vinculadas a la empresa TourProdEnter LLC, relacionada con Javier Faroni.
Se sostiene que esos fondos habrían sido transferidos a sociedades en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, que se presumen fachadas vinculadas a las mismas personas o a sus allegados.
En ese marco, la compra de la casaquinta de Pilar por la sociedad Real Central de los Pantano se interpreta como una maniobra posterior de lavado de activos, que también incluiría unidades en el barrio privado Ayres Plaza de Pilar, los 54 vehículos hallados en el galpón de Villa Rosa, ejemplares equinos de raza y otros bienes de alto valor en el mercado.
