Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, las ejecuciones en la república islámica han aumentado, mientras la atención internacional se concentra en asuntos geopolíticos como el precio del petróleo.
Organizaciones de derechos humanos alertan sobre un incremento en el uso de la pena de muerte por parte del régimen, que según sus informes aprovecha el contexto internacional para aplicar sentencias en un clima de opacidad y presión social. The Guardian recogió testimonios y datos que describen la gravedad del fenómeno y el silencio oficial que lo rodea.
En 2026, Iran Human Rights ha verificado al menos 145 ejecuciones y registra más de 400 casos adicionales aún no confirmados.
Estos números muestran una aceleración respecto a años previos y apuntan a que la mayoría de las ejecuciones no se anuncian públicamente: el relator especial de la ONU señaló que solo el 7% de los casos se hizo público.
La situación se intensificó tras las protestas masivas de enero; decenas de miles de personas permanecen detenidas y, según Amnistía Internacional, varias decenas podrían enfrentar la pena de muerte.
La represión ha limitado además el acceso a la información. Los cortes de internet dificultan el seguimiento de ejecuciones y procesos judiciales. Familias de detenidos denuncian advertencias para no comunicar los casos a terceros ni a la prensa, lo que contribuye al secretismo.
Entre los casos documentados, el de Peyvand Naimi, de 30 años, refleja los métodos señalados por los denunciantes. Detenido tras las protestas, habría pasado más de un mes en aislamiento, sufrido simulacros de ejecución, torturas físicas y psicológicas, y sido forzado a confesar en televisión.
No se le habría permitido acceso a un abogado ni se le habrían formulado cargos formales, según un familiar citado por The Guardian. Zahra Hosseini, allegada de Naimi, afirmó: “Mi cuerpo temblaba al escuchar lo que ha soportado. Es increíble. Estoy muy preocupada”.
A comienzos de mes, tres hombres fueron ahorcados públicamente acusados de participar en las protestas de enero. Entre ellos figura Saleh Mohammadi, identificado como un joven activista de 19 años condenado por moharebeh —término iraní que se traduce como “guerra contra Dios”— junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi. Al día siguiente fue ejecutado Kourosh Keyvani, ciudadano sueco-iraní, tras ser declarado culpable de espionaje para Israel.
Un caso televisado en Isfahán mostró a Shervin Bagherian Jabali, de 18 años, que durante su interrogatorio preguntó: “¿Qué significa moharebeh? ¿Puede explicármelo? No sé qué es, señor.” El agente respondió: “Ejecución”. Un amigo declaró que Jabali había sufrido tres simulacros de ejecución con una soga alrededor del cuello.
Recientemente fueron ejecutados también Mohammad Taghavi (59) y Akbar Daneshvarkar (60) por cargos de baghi, considerada rebelión armada contra el Estado. Amnistía Internacional denunció que sus condenas, dictadas en octubre de 2024, siguieron a juicios que describió como “profundamente injustos” y basados en confesiones obtenidas bajo tortura.
En la prisión de Ghezel Hesar, cerca de Teherán, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán informó que Babak Alipour y Pouya Ghobadi fueron ejecutados tras ser señalados como miembros del grupo opositor en el exilio Muyahidines del Pueblo de Irán; según el Consejo, ambos sufrieron meses de interrogatorio y tortura antes de la sentencia.
“El coste político es muy bajo”
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, afirmó que la coyuntura bélica brinda al régimen un margen para ampliar la represión: “Nos preocupa que estas ejecuciones y violaciones a los derechos humanos queden ensombrecidas por la guerra. Ahora todos piensan en el precio del petróleo, y por eso el coste político es muy bajo.”
Mansoureh Mills, investigadora de Irán en Amnistía Internacional, señaló que desde el levantamiento de 2022 bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” las autoridades habrían convertido la pena capital en una herramienta deliberada para intimidar y reprimir la disidencia.
En el norte del país, el caso de Danial Niazi, perteneciente a la minoría kurda, ejemplifica ese patrón. Según Kurdpa, su madre fue informada de que enfrentaría juicio en solo diez días.
Entre las acusaciones formales figuran moharebeh, tentativa de homicidio, lesiones, asamblea contra la seguridad nacional, alteración del orden público y propaganda antigubernamental.
Fuentes kurdas sostienen que Niazi sufrió golpizas que le dificultaban caminar y que dependía de otros presos durante las visitas. Funcionarios penitenciarios habrían amenazado con detener y violentar a su madre ante él y con torturar a su hermano, denunció Awin Mostafazadeh, portavoz de Kurdpa.
Paralelamente, testimonios indican que la sobrepoblación carcelaria y la falta de recursos básicos como alimentos, agua y medicinas se intensificaron “durante la guerra con Estados Unidos e Israel”.
El 3 de marzo, Amnistía Internacional registró el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad contra internos en Mahabad que reclamaban su liberación tras explosiones. En la cárcel de Evin, prisioneros de la sección 209 —donde están activistas y disidentes— fueron trasladados a destinos desconocidos sin información clara para las familias.
Reza Younesi, profesor de la Universidad de Uppsala, publicó en X que su hermano estaba entre 22 presos extraídos por la fuerza de Ghezel Hesar.
“Las familias de estos presos no tienen información sobre la situación o el paradero de sus seres queridos”, escribió Younesi.
Cifras récord y ocultamiento estatal
El relator especial de la ONU documentó al menos 1.639 ejecuciones en 2025, frente a 975 en 2024; organizaciones civiles estiman que la cifra real podría superar las 2.000 muertes. Las discrepancias se explican en parte porque muchos casos no se anuncian oficialmente y a veces solo se informan a los presos y sus familias.
El 23 de marzo, el primer vicejefe del sistema judicial iraní declaró que los casos vinculados a las protestas de enero ya habían recibido sentencia firme y que se estaban ejecutando, subrayando que no habría clemencia para los condenados, según The Guardian.
Una allegada de Naimi resumió la postura de familiares y defensores: “La única forma de ayudar era ser su voz y asegurarse de que todos sepan lo que ocurre. Cuando alguien comete un crimen en la oscuridad, se siente cómodo, pero si pones el foco sobre ellos, se asustan.”
