En los últimos días el transporte público en la provincia de Buenos Aires se vio afectado por la suba del precio del gasoil decretada por el Gobierno nacional. Ese aumento alteró la ecuación económica de las empresas de colectivos, que debieron reducir frecuencias y evaluar medidas para sostener el servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, explicó que la situación impacta tanto a usuarios como a trabajadores y calificó el cuadro como una emergencia en la prestación.
El gasoil pasó a costar 2.050 pesos por litro, lo que complicó la compra de combustible para las empresas. En la provincia algunas compañías redujeron frecuencias y otras adoptaron medidas de fuerza. Un caso crítico es el de la empresa General San Martín, en la zona norte, que suspendió completamente sus servicios por retrasos en el pago de salarios a los choferes.
La mayoría de las líneas provinciales continúan circulando pero con menos frecuencias. El ministro Marinucci indicó que la reducción responde a la necesidad de ajustar la estructura de costos ante la suba del combustible y señaló que, frente a la obligación de pagar en efectivo que exigen algunas petroleras, resulta inviable para muchas empresas afrontar el abastecimiento en las condiciones actuales.
Las líneas que cruzan la General Paz, las interjurisdiccionales entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, son las más afectadas, con una caída de frecuencias superior al 30% en los últimos días. Las líneas provinciales registran una menor reducción, aunque las empresas explican que se debe a la imposibilidad de cubrir los mayores costos y no a una estrategia propia.
Las concesiones establecen frecuencias y horarios obligatorios para cada línea, por lo que la reducción de servicios implica un incumplimiento de los contratos. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense se realizan auditorías para verificar las variaciones en las frecuencias y evaluar el impacto en la compensación que reciben las empresas. Marinucci advirtió que se está incumpliendo lo pactado en los convenios de concesión.
El conflicto involucra también a los trabajadores: gremios denunciaron demoras en el pago de salarios, lo que motivó suspensiones de servicio en algunas empresas. La combinación de mayores costos y retrasos en los pagos generó tensión entre empresas, sindicatos y el Estado. Ante esto, los empresarios reclamaron anticipos de subsidios para afrontar gastos operativos y obligaciones laborales.
La provincia sostiene parte del sistema mediante subsidios: Marinucci explicó que el gobierno bonaerense destina unos 65.000 millones de pesos mensuales para mantener la tarifa subsidiada, de modo que el pasajero abona solo una porción del costo real del boleto. Las líneas provinciales (200–499) y municipales (500 en adelante) reciben estos aportes para garantizar la continuidad del servicio y cubrir el déficit entre la tarifa técnica y lo que pagan los usuarios.
El Estado nacional también tiene responsabilidades financieras. Según Marinucci, la Nación adeuda pagos vinculados al “atributo social”, un programa estimado en alrededor de 16.000 millones de pesos para la provincia, y no transfirió 46.000 millones correspondientes a diciembre, enero y febrero. Esos incumplimientos complican la liquidación de obligaciones por parte de las empresas y la normal prestación del servicio.
El combustible representa aproximadamente el 15% de la estructura de costos de las empresas. La suba del gasoil y la exigencia de pago en efectivo por parte de las estaciones de servicio agravaron la situación. El ministro convocó a las cámaras empresarias para buscar alternativas y definir estrategias que permitan afrontar la coyuntura, con el objetivo de compatibilizar la capacidad financiera del Estado y la continuidad del servicio.
La provincia, dijo Marinucci, no puede sustituir la decisión del Gobierno nacional de aumentar el precio del combustible. Como medida excepcional, el Gobierno bonaerense adelantó pagos de subsidios correspondientes a abril y elevó el porcentaje de anticipo hasta un 60% del total, para evitar interrupciones mientras continúan las negociaciones con las cámaras y con autoridades nacionales.
El ministro advirtió que el principal riesgo es la quiebra de empresas: la falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir costos operativos ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales. Marinucci señaló que muchas empresas están al borde de la quiebra, lo que podría derivar en eliminación de recorridos y mayor desconexión de los bonaerenses con sus lugares de trabajo y estudio.
En el debate sobre el financiamiento también aparece el impuesto al combustible, que recauda el Estado nacional. Marinucci sostuvo que esos fondos no se coparticipan con las provincias y que su recaudación creció con el aumento del precio del gasoil. La ausencia de esas transferencias limita la capacidad provincial para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios existentes.
La tarifa técnica del sistema de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubica en 1.950 pesos, mientras que los usuarios pagan un valor inferior. La diferencia se compensa con subsidios provinciales y nacionales; si las empresas tuvieran que cobrar la tarifa plena, el costo para el pasajero sería mucho mayor.
La negociación entre Nación, Provincia y las empresas del transporte sigue abierta. La mesa convocada por el Ministerio de Transporte bonaerense procura definir soluciones temporales para evitar una profundización de la crisis. Marinucci reiteró que la provincia prioriza sostener el servicio y proteger a los usuarios, pero advirtió que el margen financiero es limitado sin la participación del Estado nacional.
