Diversos dirigentes y organizaciones identificadas como progresistas o de izquierda han realizado acciones públicas para sostener al gobierno de Cuba, según denuncias. Estos actos incluyen encuentros en La Habana, campañas de imagen, labores de lobby, operaciones mediáticas que intentan presentar al régimen como víctima y denuncias de desinformación y ataques a reputaciones. También se ha señalado la celebración de eventos en España con el argumento de “defensa de la democracia”, interpretados por críticos como intentos de proteger la continuidad del gobierno cubano.
El régimen instaurado en Cuba desde 1959 y su influencia en corrientes políticas en América Latina han sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos y gobiernos. Entre las prácticas que se le imputan están la represión interna, detenciones de opositores, torturas, exilios forzados y el uso de violencia y apoyo a grupos armados en la región. Asimismo se le acusa de establecer vínculos con redes delictivas y de emplear tácticas de guerra irregular y asimétrica en el ámbito político e internacional.
Críticos sostienen además que el gobierno cubano ha buscado apropiarse del discurso de los derechos humanos y colocar a aliados en foros internacionales, lo que, según estas denuncias, le habría permitido neutralizar a opositores y dificultar la denuncia de violaciones dentro y fuera de la isla. Se menciona la participación de operadores políticos en organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos con objetivos de influencia.
Otra crítica recurrente es la percepción de impunidad para dirigentes afines y gobiernos aliados. Se citan, como ejemplos de aliados que han mantenido posiciones de poder pese a señalamientos, casos en Nicaragua, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia y otros países. Al mismo tiempo, se destaca que quienes han enfrentado al régimen o a sus aliados han sufrido desde campañas de desprestigio hasta persecuciones más graves, según los denunciantes.
Algunos observadores consideran que cambios en la política estadounidense —como la posible llegada de un nuevo mandato de Donald Trump— combinados con presiones judiciales sobre actores regionales como la crisis alrededor de Nicolás Maduro, podrían acelerar transformaciones en la influencia cubana en la región. Esta apreciación se presenta como una interpretación entre varias sobre la evolución futura del régimen.
Para los críticos, el objetivo no es adaptar o modernizar el sistema cubano, sino desmantelar lo que describen como un centro de organizaciones transnacionales que, según ellos, habría promovido actividades ilícitas y apoyado procesos de inestabilidad en distintos países. Señalan antecedentes históricos como la promoción de guerrillas, la expansión de narcotráfico y el alineamiento con potencias como Irán, China y Rusia en determinadas estrategias de influencia.
Desde esa perspectiva, el gobierno cubano es consciente de su situación y trataría de preservar espacios de maniobra en la política internacional. Algunos analistas citan experiencias pasadas para advertir que la dinámica temporal de democracias como la de Estados Unidos puede favorecer la persistencia del régimen si no se toman medidas coordinadas.
Recientemente, se celebró en Barcelona la llamada “IV Reunión en defensa de la democracia” el 18 de abril, un evento que, según críticos, fue aprovechado por sectores afines a La Habana para proyectar apoyo internacional. Diversos gobiernos y representantes catalogados como próximos al régimen cubano acudieron al encuentro y, para quienes lo cuestionan, la reunión buscó contrarrestar posibles sanciones o la aplicación de medidas establecidas en la Carta Democrática Interamericana.
Entre los mandatarios presentes mencionados por observadores críticos figuran los presidentes Sánchez (España), Lula (Brasil), Sheinbaum (México), Petro (Colombia) y Orsi (Uruguay). Para sus detractores, la asistencia de estos líderes pone de manifiesto afinidades políticas y suscita polémica en sus países de origen por la defensa pública de un gobierno con amplias denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Los críticos afirman que existe un intento deliberado de reapropiarse del lenguaje de “defensa de la democracia” para proteger a un régimen cuestionado y mantener su influencia pos crisis. Comparan esa estrategia con esfuerzos organizativos de décadas pasadas, como el Foro de São Paulo, y advierten que dominar la narrativa permitiría reciclar símbolos políticos derrotados en otros contextos ideológicos.
*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
