El primer ministro británico Keir Starmer se enfrenta a una votación en la Cámara de los Comunes para decidir si se abre una investigación parlamentaria sobre sus declaraciones relativas al nombramiento de Peter Mandelson, en un nuevo episodio de la crisis política que afecta a su gobierno.
El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, confirmó que permitirá el debate y que, tras él, los diputados decidirán si el Comité de Privilegios debe investigar si Starmer inducido a error al Parlamento.
Hoyle explicó que su decisión respondió a solicitudes de “numerosos” legisladores, entre ellos la conservadora Kemi Badenoch, y enfatizó que su papel es el de “guardián” para garantizar que estas votaciones se celebren con moderación, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Los conservadores sostienen que Starmer mintió al afirmar que se siguió el “debido proceso” en la designación de Mandelson como embajador en Estados Unidos y que no hubo presiones sobre el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Badenoch acusó al primer ministro de engañar repetidamente al Parlamento y pidió a los diputados laboristas que “reflexionen sobre su conciencia” antes de la votación.
El foco del caso es el nombramiento de Mandelson en 2024, la demora en su verificación de seguridad y la polémica por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
Starmer ha rechazado las acusaciones y tildado la iniciativa conservadora de una “maniobra” política.
En un discurso ante el Grupo Parlamentario Laborista, el primer ministro pidió disciplina interna y urgió a sus diputados a mantenerse unidos frente a lo que calificó como una acción puramente política.
La BBC informó que es probable que la bancada laborista reciba instrucciones formales para votar en contra de la moción conservadora en lugar de permitir libertad de voto, y que varios ministros contactaron por teléfono a diputados para persuadirlos de apoyar a Starmer.
Como el Partido Laborista tiene mayoría en la Cámara de los Comunes, la apertura de una investigación requeriría que un número significativo de sus diputados vote a favor o se abstenga para que prospere.
Desde Downing Street defienden la actuación del gobierno y sostienen que las acusaciones conservadoras “carecen de fundamento”, señalando que el Ejecutivo coopera con los procesos parlamentarios en curso con total transparencia.
Esos procesos incluyen la publicación de documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson y las comparecencias ante la Comisión de Asuntos Exteriores, que investiga el proceso de verificación de antecedentes.
El gobierno hizo pública una carta fechada en septiembre de 2025 del entonces jefe de la administración pública, Chris Wormald, en la que afirmaba que se habían seguido “los procesos adecuados”.
La Comisión de Asuntos Exteriores publicó también pruebas escritas del Foreign Office, preparadas en consulta con Ian Collard, entonces jefe de seguridad del departamento, en las que éste manifestó haber sentido “presión para lograr un resultado rápido” por contactos desde el número 10.
No obstante, el mismo documento precisó que Collard no considera que esa presión haya afectado al juicio profesional suyo ni del equipo encargado de la verificación.
La controversia aumentó luego de que Mandelson fuera apartado de su puesto en Washington D.C. siete meses después de su nombramiento por su relación con Epstein; Starmer pidió disculpas por el error en la designación, aunque persisten dudas sobre la rapidez del proceso.
La semana pasada, Olly Robbins, ex alto cargo del Foreign Office, declaró ante la Comisión que existió una “presión constante”, si bien dijo que esa situación no cambió su decisión final sobre la autorización de seguridad.
Starmer, en declaraciones al Sunday Times, distinguió entre tipos de presión y afirmó que existe una presión habitual por acelerar procesos (“¿Podemos terminar esto rápido?”), la cual calificó de propia del trabajo cotidiano de un gobierno.
Como precedente inmediato figura el caso del ex primer ministro Boris Johnson, en el que el Comité de Privilegios concluyó en 2023 que había inducido a error a la Cámara por el escándalo del “partygate”.
El Código Ministerial del Reino Unido establece que los ministros que engañen deliberadamente al Parlamento deben dimitir, mientras que los errores no intencionados deben corregirse “a la mayor brevedad posible”.
