El mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas es la principal fortaleza del plan del gobierno de Javier Milei y Luis Caputo. Sostener el superávit fiscal, calificado por la administración como “innegociable”, es presentado como el eje de la estrategia para reducir la inflación. No obstante, durante la segunda mitad de 2026 se anticipan dificultades que complicarán la preservación de ese equilibrio.
Tres factores presionarán en contra de ese objetivo: la caída de los ingresos públicos, el impacto presupuestario de leyes ya aprobadas por el Congreso y la menor posibilidad de seguir recortando el gasto después de un ajuste significativo. Estos riesgos son los que destaca un informe de la Fundación Capital para el segundo semestre del año.
El informe señala que el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se discute. Sin embargo, advierte que mantenerlo será complicado frente a las condiciones mencionadas.
El primer foco de presión es la caída de la recaudación, que se extiende por ocho meses. Según la Fundación Capital, los ingresos del sector público muestran caídas reales, afectadas por reducciones impositivas, la menor importación de bienes y una actividad económica con resultados dispares entre sectores.
En el primer trimestre de 2026 la recaudación descendió 5,1% en términos reales interanuales. El informe destaca reducciones permanentes de alícuotas en derechos de exportación para varios productos agroindustriales, que explican una caída real del 38,2% en ese rubro en el trimestre. Además, la baja escalonada del impuesto sobre los Bienes Personales y un régimen que permitió anticipar su pago explican un retroceso real del 13,1% interanual en ese tributo.
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El segundo factor de presión proviene de leyes aprobadas por el Congreso que aún no se aplicaron plenamente y que tienen efecto fiscal. Entre las normas señaladas están la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica, la de emergencia en discapacidad y la de Modernización Laboral, muchas de las cuales están hoy sujetas a disputas judiciales iniciadas por el propio Gobierno para evitar su implementación.
La Fundación Capital estima impactos fiscales concretos: la ley de financiamiento universitario en torno a 0,2% del PBI; la emergencia pediátrica, 0,02% del PBI; la emergencia en discapacidad, entre 0,20% y 0,50% del PBI; y la Modernización Laboral, principalmente por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con un costo estimado entre 0,15% y 0,30% del PBI.
Aunque su implementación es incierta, el efecto potencial sobre las cuentas públicas es relevante. El informe remarca que diversas autoridades han señalado la suspensión de su aplicación hasta tanto se determinen fuentes de financiamiento y se incorporen partidas en el Presupuesto Nacional.
El tercer factor que amenaza el equilibrio fiscal es la dificultad para seguir recortando el gasto luego del ajuste fuerte ya ejecutado. El reporte recuerda que el gasto público se recortó en unos cinco puntos del PBI desde el inicio de la gestión y que, de mantenerse la dinámica del primer trimestre, las erogaciones podrían reducirse otro medio punto del PBI durante el año.
El documento advierte que el gasto público quedaría en niveles mínimos de la última década, lo que complica el ajuste en partidas sensibles. El margen para nuevos recortes se reduce, especialmente en áreas sociales y en salarios del sector público, que ya registraron caídas significativas.
La Fundación Capital subraya que sostener este ritmo de ajuste será complejo. Señala que, sin un repunte de los ingresos, sería necesario un ajuste adicional cercano a medio punto del PBI, un esfuerzo que podría resultar muy exigente para ciertas partidas. El informe también indica que los salarios públicos retrocedieron alrededor de 20 puntos en términos reales desde el inicio de la gestión y que las transferencias a provincias y la inversión en capital permanecen en niveles históricamente bajos.
El informe añade que, aun cuando la meta de resultado primario positivo para el año no parece comprometida, la composición y la magnitud del ajuste requerido pueden tener costos económicos y sociales. La publicación advierte que la solvencia fiscal aparece más tensionada: la deuda pública crece por la capitalización de intereses, aumenta la deuda flotante y la reducción del gasto público parece en parte una postergación de pagos más que una contención sostenible.
Respecto a recursos extraordinarios, el informe señala que en el primer trimestre de 2026 se registraron ingresos por privatizaciones, como la venta de represas hidroeléctricas del Comahue por más de 700 millones de dólares, que reforzaron la recaudación inicial del año. No obstante, aclara que esos recursos no son contabilizables para las metas fiscales pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Otras privatizaciones —Transener/Citelec, Intercargo, AySA y Belgrano Cargas— siguen en agenda con distintos niveles de avance.
El cumplimiento de la meta fiscal acordada con el FMI, que para 2026 fija un superávit primario de 1,4% del PBI, dependerá de la capacidad del Gobierno para compensar la caída de ingresos y absorber el impacto de las nuevas leyes, sin margen para recortes adicionales en partidas ya muy comprimidas. La Fundación Capital concluye que, aunque el equilibrio fiscal es el principal activo del gobierno y su cumplimiento no se cuestiona, sostenerlo no será sencillo ante ingresos débiles, leyes pendientes y un gasto que ya se redujo en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión.
