El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La protesta, la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei, tendrá su acto central en la Plaza de Mayo: concentración desde las 17 horas y discursos a partir de las 18.
Los reclamos se centran en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo; en la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron hacer efectivos los artículos 5 y 6 de la norma (referidos a la recomposición de salarios y de las becas); en la caída del financiamiento del sistema universitario y en la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, entre otras demandas.
La movilización se produce en un contexto de fuerte tensión judicial: la semana pasada la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a plantear el caso ante la Corte Suprema, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir los fondos reclamados por las universidades.
Esta es la cuarta convocatoria de una serie iniciada el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en Avenida de Mayo y en otras ciudades para protestar contra el desfinanciamiento. La segunda marcha fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, para evitar un eventual veto presidencial a la ley; la tercera se hizo el 17 de septiembre de 2025, coincidiendo con la sesión que ratificó la norma por mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguna de esas ocasiones el Gobierno modificó su postura.
El reclamo principal permanece: que el Ejecutivo cumpla la ley sancionada por el Congreso y respaldada por la Justicia. Según cifras del sector, las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes y no docentes habrían perdido alrededor del 50% de su poder adquisitivo; las becas del programa Progresar están congeladas hace dos años en $35.000 (valor de diciembre de 2023); y, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% del personal docente cobra por debajo de la línea de pobreza.
Protocolo antipiquetes
Aunque el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica de forma estricta en movilizaciones, en las tres marchas universitarias anteriores la estrategia estatal priorizó la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o la Plaza de Mayo— antes que la prohibición total. En coordinación con el gobierno de la Ciudad, conducido por Jorge Macri, se implementaron operativos para facilitar el tránsito de las columnas en los cruces principales.
La ley universitaria en los estrados
El fallo de la Sala III, firmado el 7 de mayo por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández, admitió el recurso extraordinario presentado por el Estado contra la cautelar que ordenaba la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relativos a la actualización de salarios y al monto de las becas estudiantiles.
La Cámara consideró que la resolución apelada “no reviste el carácter de sentencia definitiva” y que el expediente plantea cuestiones de interpretación de normas federales, por lo que permitió que el asunto sea sometido al máximo tribunal.
En la práctica, esto significa que mientras la Corte Suprema decida si toma el caso y con qué alcance, el Estado no está obligado a efectuar las transferencias reclamadas por el sistema universitario.
El expediente tramita bajo la carátula “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”. El Gobierno sostiene que la aplicación plena de la ley pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas y, según un informe del Ministerio de Economía, exigiría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios.
La Cámara, sin embargo, rechazó los planteos de arbitrariedad y grave afectación institucional invocados por el Ejecutivo, al considerar que sus argumentos constituyen una discrepancia con lo resuelto y que la eventual intervención de la Corte, en estos términos, perseguiría un interés patrimonial del propio Estado. Además, el sector universitario recusó a tres de los cuatro miembros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Quiénes marchan y por qué
La convocatoria agrupa a un amplio arco político y social: el movimiento estudiantil, gremios docentes y no docentes, las dos CTA, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y fuerzas del peronismo y la izquierda. La CGT expresó su adhesión y acompañamiento aunque sin movilizar orgánicamente su estructura.
Una particularidad de esta cuarta marcha es la expectativa de una gran participación de ciudadanos autoconvocados, como en las primeras protestas, cuando miles se sumaron sin banderas partidarias ni gremiales.
En esas jornadas se vieron familias con carteles hechos a mano que reivindicaban la educación pública y gratuita y rechazaban los recortes en universidades e investigación.
Referentes del ámbito cultural también adhirieron: Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y otras figuras grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para convocar a la movilización. Lali Espósito y el músico Carlos “El Indio” Solari manifestaron asimismo su respaldo.
Clara Chevallier, secretaria general de CONADU, criticó la actitud del Gobierno y dijo que se intenta bloquear judicialmente una ley aprobada por el Congreso. Subrayó que la principal arena de lucha de los sindicatos no es la judicial sino la acción gremial, y convocó a una marcha masiva que, además de defender a la universidad, permita articular broncas y resistencias. Añadió que espera que el 12 de mayo marque “el comienzo del fin de este gobierno”.
Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata, explicó el conflicto en términos estructurales: sostuvo que el ajuste se traslada directamente a las universidades, que afrontan serias dificultades para garantizar servicios básicos. Señaló que estudiantes y docentes deben sostener múltiples empleos para subsistir y alertó sobre el aumento de la deserción por la imposibilidad de costear transporte y materiales.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, planteó que la marcha debe ser contundente para recordarle al presidente la importancia de cumplir la ley y defender la educación pública. Advirtió que el sistema universitario está en su nivel histórico más bajo de financiamiento (equivalente al 0,4% del PBI) y que incluso con la implementación de la ley seguiría en ese piso.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, también anunció su expectativa de una convocatoria masiva y reiteró que el incumplimiento de la ley envía un pésimo mensaje a la ciudadanía.
El Ejecutivo responde que la ley no especifica las fuentes de financiamiento y que su aplicación plena afectaría la estabilidad macroeconómica. La Subsecretaría de Políticas Universitarias trabaja en un proyecto propio que reconoce un atraso salarial estimado en torno al 12% para 2023-2026 y propone abonarlo en cuotas. Además, el Gobierno requirió a los rectores que garanticen el dictado de clases y suspendan las medidas de fuerza.
La disputa también alcanzó a los hospitales universitarios. La UBA denunció la falta de transferencias para insumos, mantenimiento y equipamiento y afirmó no recibir partidas operativas desde hace cuatro meses; el Gobierno negó esas afirmaciones y aseguró haber enviado los fondos “en tiempo y forma” para salarios y funcionamiento. Directores de hospitales universitarios alertaron que, si no se regularizan los envíos, los centros —incluido el Hospital de Clínicas— podrían dejar de atender pacientes en 45 días, y señalaron una deuda estimada en unos 20.000 millones de pesos correspondientes a los primeros meses del año.
En ese marco, la UBA difundió un comunicado en el que explicó que marcha para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, sancionada y ratificada por el Congreso, y para defender las universidades públicas, la ciencia y la educación.
El Comité Nacional de la UCR también convocó y afirmó que “a casi 200 días de su aprobación, el Poder Ejecutivo sigue sin aplicar” la ley. Franco Bartolacci pidió que, si no se respeta la legitimidad de una ley aprobada por el Congreso y lo que ordena la Justicia, al menos “valga la voz del pueblo”.
Desde la CGT, Cristian Jerónimo manifestó la adhesión y solidaridad con la movilización, criticando las políticas del gobierno y destacando que el ajuste sobre la educación pública afecta la formación de técnicos y profesionales y limita la movilidad social de jóvenes trabajadores.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, que acordó una alianza de lucha con el Frente de Unidad Sindical Universitaria (integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA), resumió la unidad de acción con la consigna: “El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”.
El mapa de la marcha
La movilización en Buenos Aires se organizará en cuatro columnas principales que convergerán en Plaza de Mayo:
Columna del sur y La Plata: sale desde Constitución, avanza por 9 de Julio, dobla en Avenida de Mayo y llega a Plaza de Mayo.Columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte: concentra desde las 16 en Córdoba y Junín y marcha por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.Columna de Psicología, Filosofía y Letras y facultades del área sur: ingresa por Entre Ríos, Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la Plaza.La UTEP: concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.Autoconvocados: marchan por Rivadavia hacia Plaza de Mayo.
Otras concentraciones confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires:
CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.CONADU Histórica y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Piedras y Avenida de Mayo.UOM y organizaciones del FreSU: desde las 15, en Diagonal Norte y San Martín.UCR (Comité Nacional): desde las 14, en Tucumán 1660.Autoconvocados y otras organizaciones: desde las 14, en Avenida de Mayo y Salta.
El acto central en Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas. Harán uso de la palabra representantes de los trabajadores no docentes y del cuerpo docente, además del presidente del CIN, Franco Bartolacci, y del presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. La movilización se replicará en todo el país, con marchas confirmadas en las principales ciudades de las 24 provincias.
