Las principales carreteras de Bolivia permanecen cortadas desde hace más de 45 días por grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de traición y de gobernar de forma excluyente respecto a sus intereses.
Aunque el actual conflicto es el más prolongado y extendido de los últimos años, los bloqueos de vías no son una medida excepcional en la política boliviana: en 2025 fueron la segunda forma de protesta más frecuente, después de las “declaratorias de emergencia”.
Según la Defensoría del Pueblo, el año pasado se registraron 841 episodios de conflictividad en el país, de los cuales 180 correspondieron a bloqueos. La mayoría de esos incidentes estuvieron vinculados a disputas políticas relacionadas con el proceso electoral y la crisis financiera que atraviesa Bolivia.
Los piquetes actuales han agravado la crisis económica y causado pérdidas millonarias en sectores estratégicos como transporte, industria y turismo. En La Paz, la capital administrativa, el cierre de accesos ha provocado escasez de alimentos y combustible, interrupciones del transporte público, suspensión de clases presenciales y la cancelación temporal de algunos servicios médicos por problemas de suministro de oxígeno.
Este contexto ha abierto un debate sobre la legitimidad de los cortes de carretera como herramienta de protesta política.
El diputado Carlos Alarcón declaró que considera “criminal” cualquier bloqueo por su impacto en los derechos de las personas y presentó un proyecto de ley para penalizar los piquetes. La iniciativa, actualmente estancada en una comisión de la Asamblea Legislativa, propone penas de entre 3 y 20 años de prisión para quienes corten carreteras.
Alarcón argumenta que los bloqueos vulneran derechos fundamentales —no solo el libre tránsito, sino también la salud, la educación, el trabajo y la alimentación— de personas ajenas a las demandas de los movilizados. En una entrevista afirmó que “no se puede corregir lo que se considera una injusticia con una injusticia mayor contra toda la población”.
Para la socióloga Luciana Jáuregui, más allá de la discusión sobre criminalizar las protestas, es importante analizar las causas que hacen de los bloqueos un recurso recurrente en Bolivia y las tensiones sociales que los alimentan.
Jáuregui sostiene que existe en Bolivia una “contradicción estructural” entre las instituciones del Estado y las organizaciones comunitarias que no están representadas en él. Señala que las protestas surgen de ese desajuste, de una crisis de mediación institucional, de desigualdades económicas históricas y de una exclusión simbólica de las poblaciones rurales.
Quienes recurren a los bloqueos aseguran que se trata de la única vía para ser escuchados. David Mamani, exdirigente de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, dijo que huelgas de hambre y marchas no han conseguido atención y que los bloqueos son la alternativa disponible para visibilizar sus reclamos.
Los piquetes prolongados muestran además un alto grado de organización social entre comunidades campesinas: se sostienen mediante turnos rotativos y decisiones colectivas. Los movilizados niegan que la protesta esté financiada por actores externos o redes ilícitas.
El dirigente campesino reconoce los efectos colaterales de los bloqueos, pero mantiene que su protesta tiene causas legítimas. Afirma que, según su lectura, la administración de Rodrigo Paz incumplió promesas de campaña y aprobó decretos que afectan negativamente al sector rural.
Los bloqueos no son exclusivos de los sectores campesinos: en años recientes también hubo cortes organizados por clases medias, especialmente en Santa Cruz, en la forma de “paros cívicos” y movilizaciones urbanas para demandas diversas, desde la renuncia de autoridades hasta la realización de censos.
Jáuregui explica que estos conflictos suelen estallar en sociedades fragmentadas cuando un grupo no controla los recursos institucionales o económicos del Estado. Ante la falta de canales efectivos para ejercer poder, la calle se convierte en el espacio para dirimir disputas; por eso define al Estado boliviano como parcial, incapaz de reflejar la pluralidad de fuerzas presentes en la sociedad.
Estas diferencias de representación también condicionan cómo se perciben las protestas: hay quienes las ven como una forma legítima de presión para obtener beneficios colectivos y otros que las consideran un ataque a derechos fundamentales.
Una comerciante de La Paz, afectada por la falta de productos y clientes, expresó entre lágrimas su frustración y dijo que los bloqueos le impiden trabajar; aseguró que no se identifica con ninguna facción y que solo desea poder vender con normalidad.
Mientras el diputado Alarcón promueve la ley “antibloqueos” como un instrumento para restablecer un nuevo orden social y mantiene que quedan garantidos otros métodos de protesta reconocidos por la Constitución —marchas, huelgas, mítines—, líderes movilizados como Mamani anuncian una resistencia total a la aprobación de esa norma.
El choque entre propuestas legislativas y movilizaciones evidencia un problema de fondo: la dificultad de una sociedad polarizada para alcanzar consensos mínimos que permitan resolver sus diferencias por vías institucionales.
