Moise Bulabantu, enfermero comunitario de 38 años, trabaja solo en una clínica de madera en las afueras de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo. Atiende a pacientes con fiebre y vómitos para una población de más de 40.000 personas, pero sigue sin recibir el equipo de protección esencial: solo cuenta con guantes y continúa reclamando suministros básicos.
Casos como el de Bulabantu son frecuentes en Ituri, la provincia más afectada por el brote de ébola. El gobierno declaró la epidemia el 15 de mayo, aunque la transmisión llevaba al menos seis semanas; la Organización Mundial de la Salud la calificó como emergencia de salud pública dos días después. A la fecha, las autoridades no han conseguido contenerla.
Hasta el 11 de julio se habían confirmado 1.830 contagios, más del 90% en Ituri, y 648 muertes. El 9 de julio se reportó la expansión a otras dos provincias, y existe un alto riesgo de que el virus alcance pronto Sudán del Sur. Modelos elaborados en junio por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. indican que, sin una mejora drástica en la respuesta, el brote podría crecer hasta niveles comparables al de África Occidental de hace una década.
La magnitud real de la epidemia es difícil de evaluar y las cifras oficiales subestiman los casos, según expertos como Peter Piot, codescubridor del virus del ébola. Solo el 30% de los nuevos casos son contactos rastreados de pacientes conocidos, lo que sugiere que muchas infecciones y defunciones pasan desapercibidas. La falta de datos fiables también impide calcular con precisión la tasa de mortalidad. Piot añade que la propagación actual en el Congo es más rápida que en brotes anteriores; el aumento reportado se debe tanto a la transmisión real como a una mayor disponibilidad de pruebas.
No hay vacuna específica para la cepa Bundibugyo que impulsa este brote, por lo que pruebas, rastreo de contactos y aislamiento son esenciales. En Ituri estas medidas se aplican de forma limitada por razones logísticas: la provincia tiene densos bosques, aldeas mal comunicadas y numerosos grupos armados. Alrededor de 900.000 personas viven desplazadas por el conflicto y muchas se mueven por minas de oro informales, lo que dificulta localizarlas y su disposición a aislarse. Hay movimientos masivos de población huyendo de los focos de contagio.
En Bunia, la capital provincial con hospitales, carreteras y aeropuerto, la respuesta es más visible pero aún insuficiente, según Trish Newport, responsable de urgencias de Médicos Sin Fronteras. El equipo de protección escasea y la situación empeora fuera de la ciudad, donde la presencia estatal es débil. Rutas como la que lleva a Mongbwalu, un pueblo minero y foco de contagio, están en mal estado y controladas por múltiples puestos de control, aunque se considera relativamente accesible; otras áreas afectadas son mucho más remotas.
La falta de protección convierte a centros sanitarios en posibles focos de transmisión y disuade a la población de buscar atención. Muchas clínicas han cerrado temporalmente para desinfectar, y algunas no han reabierto. Los trabajadores sanitarios corren alto riesgo: en el este del Congo decenas de ellos se han infectado y 25 han muerto, según la OMS. Bulabantu afirma que viven con miedo y con ingresos precarios: su salario mensual de unos 80 dólares no se ha pagado durante meses y sobrevive con una bonificación de 70 dólares relacionada con el ébola.
En teoría hay compromisos financieros importantes: donantes han prometido más de 1.200 millones de dólares, casi el doble de los 518 millones señalados como necesitados por la OMS y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades. No obstante, solo se han desembolsado 115 millones hasta ahora. Recientemente, trabajadores sanitarios de Bunia y sus alrededores se han declarado en huelga por los sueldos y las condiciones laborales.
Aun cuando lleguen los fondos, será complicado que la población priorice el ébola frente a problemas inmediatos como la falta de agua potable o la malaria no tratada que está provocando muertes infantiles. En áreas donde el virus es visible y la mortalidad ocurre en público, como en partes de Bunia, la ayuda tiende a ser mejor recibida.
La enfermedad ya se ha extendido más allá de Ituri. A finales de junio, una mujer embarazada fallecida en Ituri fue trasladada a Kisangani, recibió un entierro tradicional y posteriormente se confirmó que murió de ébola. Funcionarios humanitarios advierten que los funerales tradicionales amplifican el riesgo de transmisión y que una propagación local en nuevas ciudades es inminente.
También preocupa la posible llegada del virus al norte, a Sudán del Sur, un país con un sistema sanitario aún más frágil y en riesgo de conflicto. Un estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, anterior a los casos en Tshopo, estimó una probabilidad de alrededor del 70% de que el ébola alcanzara Sudán del Sur en los tres meses siguientes.
Bulabantu relata que quienes acuden a su clínica temen morir y que, sin equipo adecuado, no hay manera de proteger ni al personal ni a los enfermos. Ante la falta de recursos y la rápida expansión del brote, el temor de la gente aparece como una reacción comprensible y racional.
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