El movimiento huti (Ansar Allah) en Yemen condeno a muerte a 17 personas por cargos de espionaje a favor de potencias extranjeras y dicto penas de diez anos de prision a otras dos; un acusado fue absuelto. El Tribunal Penal Especializado de Sana, controlado por los insurgentes, comunico la sentencia a traves de la agencia oficial Saba.
Segun la resolucion, los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair describieron una supuesta red que habria operado entre 2024 y 2025 con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita. El tribunal atribuye a los condenados el uso de dispositivos de comunicacion encriptada y la instalacion de camaras ocultas conectadas a transmisiones en directo.
El fallo indica que los acusados habrian facilitado informacion sobre la ubicacion y desplazamientos de dirigentes huties, asi como sobre posiciones militares sensibles, misiles, depositos de proyectiles y puntos de lanzamiento, y que recibian pagos en efectivo a cambio.
Ansar Allah ejerce control sobre Sana y amplias zonas del norte de Yemen desde 2014. En anos recientes, su aparato de seguridad ha presentado repetidas acusaciones sobre redes de espionaje vinculadas a paises occidentales y a la coalicion liderada por Arabia Saudita; Reuters informo en junio de 2024 de otro caso en el que tribunales huties impusieron 44 penas de muerte relacionadas con espionaje contra Riad.
Organismos internacionales suelen criticar el sistema judicial bajo control huti. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado testimonios sobre detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coaccion, y en 2019 pidio revisar varias sentencias de muerte por posibles “violaciones graves del debido proceso”.
El grupo huti acusa con frecuencia a organizaciones internacionales de servir de cobertura para labores de inteligencia. En octubre de 2025 la ONU considero “infundadas” las acusaciones que vinculaban a empleados humanitarios con actividades de espionaje.
Los gobiernos senalados en el caso no hicieron comentarios inmediatos. Washington, Londres y Riad suelen evitar pronunciarse sobre procesos en territorios sin reconocimiento internacional; Israel no ha emitido declaraciones publicas sobre sus operaciones en Yemen.
El contexto militar agrava la situacion: los huties aumentaron desde 2023 sus ataques con drones y misiles, en parte en apoyo a la causa palestina, y se enfrentan regularmente a bombardeos de la coalicion saudi y a ataques atribuidos a Israel. Ese clima contribuye a un incremento de las acusaciones de espionaje y de las medidas de seguridad internas.
El recurso a ejecuciones publicas se ve como una herramienta de control social en las zonas bajo dominio huti. Informes de Human Rights Watch y Amnistia Internacional registran un aumento de sentencias capitales desde el inicio del conflicto y cuestionan la existencia de garantias procesales, alertando sobre el uso politico de las condenas.
La guerra civil en Yemen mantiene al pais fragmentado entre multiples centros de poder. Las condenas anunciadas en Sana reflejan el alcance del aparato de seguridad huti y su voluntad de mostrar autoridad en medio de un conflicto que, segun Naciones Unidas, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
