La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este lunes, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, sobre un profundo deterioro institucional en el país, caracterizado por la captura del sistema judicial y el empleo extendido de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, indicó que el informe coloca el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como el eje central del análisis. Según Pochak, Guatemala enfrenta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
La relatora atribuyó estas amenazas al control de ciertas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico organizadas para proteger intereses privados y garantizar condiciones de impunidad.
El documento de la CIDH describe un “grave deterioro del sistema de justicia”, que no solo falla en su función de tutela judicial efectiva, sino que además se utiliza para criminalizar a quienes exigen acceso a derechos o transparencia y rendición de cuentas, detalló Pochak.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
Inicialmente dirigida contra operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), esta estrategia se ha extendido a un amplio espectro social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha convertido en una práctica generalizada.
Pochak resaltó que el Ministerio Público (MP) ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, señalando el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Entre los hallazgos, la CIDH identificó además connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, un aumento de la impunidad y la obstrucción de los procesos de justicia transicional relacionados con el conflicto armado interno.
El informe también aborda los desafíos persistentes de pobreza y desigualdad, con especial énfasis en las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos territoriales, situaciones que han derivado en desalojos forzosos y criminalización.
Recomendaciones urgentes
Frente a este escenario, la Comisión formuló 43 recomendaciones al Estado de Guatemala. Entre ellas, destaca la necesidad de impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, detener el uso indebido del sistema penal y revisar a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, subrayó Pochak.
El informe fue elaborado con una metodología rigurosa que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
