La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este lunes, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, sobre un marcado deterioro institucional caracterizado por la cooptación del sistema de justicia y el uso extendido de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora para Guatemala, señaló que el informe sitúa el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como eje central del análisis y advirtió que el país enfrenta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
Según Pochak, estas amenazas se deben al control de ciertas instituciones estatales por redes de poder político y económico organizadas para preservar intereses privados y garantizar impunidad.
El documento destaca un “grave deterioro del sistema de justicia”, que además de no garantizar la tutela judicial efectiva, se utiliza para criminalizar a quienes demandan acceso a derechos o exigen rendición de cuentas.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
Inicialmente esa estrategia se dirigió contra operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero luego se extendió a un amplio espectro social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha consolidado como una práctica generalizada.
Pochak afirmó que el Ministerio Público (MP) ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, señalando el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Entre los hallazgos, la CIDH identifica además una connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, un aumento de la impunidad y la obstrucción de los procesos de justicia transicional vinculados al conflicto armado interno.
El informe aborda también desafíos persistentes de pobreza y desigualdad, poniendo énfasis en las condiciones adversas que enfrentan los pueblos indígenas respecto a sus derechos territoriales, lo que ha derivado en desalojos forzosos y procesos de criminalización.
Recomendaciones urgentes
Frente a este panorama, la Comisión formuló 43 recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las que destacan la necesidad de reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, detener el uso indebido del sistema penal y revisar a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, subrayó Pochak.
El informe se elaboró con una metodología rigurosa que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
