La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este lunes, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, sobre un marcado deterioro institucional en el país, caracterizado por la cooptación del sistema judicial y el uso sistemático de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, indicó que el informe sitúa el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como el eje central de su análisis. Según Pochak, estas dinámicas representan “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
La relatora atribuyó estas amenazas al control de ciertas instituciones estatales por redes de poder político y económico organizadas para preservar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad.
El documento advierte un “grave deterioro del sistema de justicia”, que no cumple su función de garantía judicial efectiva y, en cambio, se emplea para criminalizar a quienes demandan acceso a derechos o rendición de cuentas, explicó Pochak.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
Inicialmente dirigida contra operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), esta estrategia se ha extendido a un amplio espectro social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos y autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha vuelto una práctica generalizada.
Pochak señaló que el Ministerio Público (MP) ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, evidenciado, según el informe, por el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Entre los hallazgos, la CIDH detectó además connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, un aumento de la impunidad y la obstrucción de los procesos de justicia transicional relacionados con el conflicto armado interno.
El informe también aborda desafíos estructurales como la pobreza y la desigualdad, con especial atención a las condiciones adversas que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos territoriales, situación que ha provocado desalojos forzosos y procesos de criminalización.
Recomendaciones urgentes
Frente a este panorama, la Comisión formuló 43 recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las que destacan la necesidad de impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, frenar el uso indebido del sistema penal y revisar en profundidad el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, remarcó Pochak.
El informe se elaboró con una metodología rigurosa que incluyó una visita in situ, análisis de audiencias públicas y más de 48 reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
