Movimientos sociales, sindicatos estatales, organizaciones piqueteras y sectores del peronismo anunciaron movilizaciones y medidas de protesta para diciembre contra las políticas de ajuste y la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza. Desde la Casa Rosada minimizaron la amenaza, cuestionaron la capacidad de movilización de estos sectores y afirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes como en otras ocasiones.
El 4 de diciembre será una fecha clave: a las 10, las principales organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) —como Movimiento Evita, Barrios de Pie, MTE y la CCC— realizarán una asamblea en la Plaza Belgrano de La Plata para definir un plan de lucha.
Las primeras medidas están previstas para el 9 o 10 de diciembre. Desde la UTEP adelantaron que será una jornada de lucha conjunta y señalaron que el foco estará en cuestiones sociales y laborales, la problemática alimentaria y la presencia del narcotráfico en los territorios, según explicó el secretario general Alejandro “Peluca” Gramajo.
La UTEP está elaborando un documento público que incluye una revisión histórica de la composición de la clase trabajadora, un diagnóstico de la situación actual de cerca de 8.800.000 trabajadores de la economía popular y propuestas como la creación de un estatuto para formalizar e institucionalizar el sector.
El 11 de diciembre la UTEP convocará a movilizarse en apoyo a las actividades de organismos de derechos humanos por el Día Internacional de los Derechos Humanos, con una marcha prevista a Plaza de Mayo a partir de las 16:30.
Las medidas, que se votarán el 4 de diciembre y se sumarán a las ya definidas, tendrán como epicentro el AMBA y varias capitales provinciales. Los convocantes apuntan al ajuste, la caída de ingresos, la desprotección social y la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Las protestas comenzaron el 26 de noviembre frente a la Secretaría de Trabajo en el marco de la discusión del Salario Mínimo Vital y Móvil. Durante diciembre se esperan acciones sostenidas: paros, marchas, cortes, acampes, ollas populares bajo el lema “las ollas están vacías” y protestas sorpresivas.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno porteño indicaron que no se permitirán acampes ni cortes prolongados de arterias, y que solo se autorizará la circulación de columnas.
El Partido Justicialista se sumó con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que rechaza la reforma laboral y advierte sobre el deterioro del mercado de trabajo.
El referente de la UTEP Esteban “Gringo” Castro puso el foco en la crisis social y la falta de contención estatal, advirtiendo una profundización del hambre, la caída del salario informal y la ausencia de políticas de emergencia. Señaló además que el Salario Social Complementario se encuentra muy deteriorado.
Castro alertó sobre el impacto territorial del ajuste: advirtió sobre hambre, descontento y riesgo de convulsión social en diciembre si no hay respuestas rápidas, y sostuvo que la ausencia del Estado favorece la marginalidad y el avance del narcotráfico.
La UTEP exige la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil y un aumento inmediato del Salario Social Complementario para evitar un agravamiento del conflicto social. Gramajo destacó que el Salario Social Complementario se mantiene en 78.000 pesos desde la asunción del gobierno, sin ajustes frente a la inflación.
Libres del Sur, a través de Silvia Saravia, confirmó su presencia en las movilizaciones y criticó que las medidas del Gobierno afectan especialmente a jubilados, personas con discapacidad y prestaciones como la asignación universal y el salario familiar.
La referente de Territorios en Lucha sostuvo que el proyecto de Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de esos beneficios y criticó al Gobierno por priorizar intereses financieros por sobre la producción, la salud, la educación y los derechos constitucionales.
El Frente Sindical definió medidas concretas: ATE ya realizó un paro nacional y anticipó que volverá a detener actividades cuando se trate la reforma laboral, que denuncia como una política de flexibilización y recorte de derechos en el empleo estatal.
La CTA Autónoma diseñó un plan de lucha que incluye protestas conjuntas con movimientos sociales, paros escalonados y la presentación de una contrapropuesta técnica. En ese marco, los organizadores plantean al gobierno una serie de demandas:
Recuperación salarial como motor de la reactivación económica.
Reducción de la jornada laboral.
Protección de monotributistas.
Reglas claras de salud laboral, salud mental y desconexión digital.
Participación de trabajadores en las ganancias.
Acciones coordinadas entre UTEP, CTA, ATE, Libres del Sur, movimientos territoriales y espacios del peronismo.
Las dos CTA emitieron un pronunciamiento conjunto rechazando cualquier modificación que vuelva a incursionar en puntos que la Justicia Laboral declaró inconstitucionales en relación con el DNU 70/23. También denunciaron intentos del Gobierno de fragmentar al movimiento obrero bajo el argumento de la “modernización”.
Reafirmaron la necesidad de unidad y articulación dentro y fuera del Congreso para resistir y construir condiciones favorables a sus objetivos. Anunciaron que seguirán promoviendo iniciativas de movilización y debatirán reformas que incorporen nuevas demandas y derechos de los trabajadores, no solo los intereses empresariales.
Fuentes oficiales confirmaron que se preparan operativos de seguridad reforzados y la aplicación estricta del protocolo antipiquetes.
