La regulación del sector cripto dejó de ser una respuesta exclusivamente reactiva y se convirtió en una prioridad en las agendas económicas estatales. Esa es la conclusión central del Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26 de TRM Labs, que examinó la evolución normativa en 30 jurisdicciones que concentran más del 70 % de la exposición mundial a activos digitales. El informe identifica un cambio estructural: los gobiernos ya no actúan solo ante crisis, sino que diseñan marcos para integrar los activos digitales en sus sistemas financieros.
El desarrollo más visible ocurrió con las stablecoins, que se consolidaron como nueva infraestructura de pagos y liquidez. Más del 70 % de los países estudiados implementó regulaciones dirigidas a estos instrumentos. Diversas estimaciones de mercado señalan que el volumen global de operaciones superó los 15 billones de dólares en 2025, con uso extendido en remesas, liquidaciones y servicios financieros institucionales.
Esta expansión explica por qué las principales economías respondieron con marcos regulatorios de gran alcance. Las stablecoins dejaron de ser experimentos de nicho para convertirse en infraestructura de pagos crítica, lo que motivó acciones regulatorias más ambiciosas.
Estados Unidos lidera el giro normativo
Washington protagonizó uno de los cambios más relevantes del año. Bajo la administración Trump, el Congreso aprobó el GENIUS Act, la primera ley federal sobre stablecoins, que estableció un esquema de supervisión con requisitos de reservas, auditorías y límites operativos.
Paralelamente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) lanzó Project Crypto, un programa para modernizar la regulación de valores digitales, y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) inició un proceso de armonización normativa. Por primera vez, los organismos federales avanzaron con una hoja de ruta común destinada a dar previsibilidad a emisores, entidades financieras y plataformas de negociación.
En la Unión Europea, el segundo año de implementación de MiCA consolidó el mayor intento global de armonización del mercado cripto. Los reguladores empezaron a conceder licencias bajo el nuevo marco, aunque TRM Labs documenta diferencias importantes entre Alemania, Francia, Austria y Países Bajos en el ritmo y la profundidad de la supervisión.
A la implementación de MiCA se sumó DORA, la norma sobre resiliencia operativa digital que exige a las entidades financieras —incluidas las relacionadas con cripto— elevar sus estándares de ciberseguridad y gestión de incidentes. Ante la competencia de las stablecoins denominadas en dólares, el proyecto del euro digital sigue en fase de evaluación sin decisiones definitivas sobre su diseño.
Asia define el estándar del futuro
Asia mostró la mayor diversidad regulatoria y se confirmó como un actor estratégico en la arquitectura global del sector. Según Angela Ang, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas para Asia-Pacífico (APAC) en TRM Labs, la región está marcando la pauta sobre una regulación cripto orientada al futuro, abarcando tokenización, stablecoins y nuevas infraestructuras de pago.
Las iniciativas avanzan en múltiples frentes. Japón estudia trasladar la supervisión del cripto al marco de la Financial Instruments and Exchange Act, lo que implicaría tratar a muchos tokens como valores regulados. Corea lanzó un piloto para operaciones institucionales con controles estrictos y avanza en legislación específica para stablecoins.
Hong Kong aceleró la concesión de licencias, flexibilizó requisitos de custodia y amplió las actividades permitidas a proveedores regulados. Singapur endureció las normas para proveedores que operan desde su territorio hacia el exterior, pero mantiene un camino claro para stablecoins con estándares prudenciales.
En APAC los reguladores han desplazado el debate de la legitimidad de los instrumentos a su integración efectiva en infraestructuras de pago y sistemas bancarios. Ese marco claro y proporcional impulsa la adopción institucional, con instituciones financieras en la región avanzando activamente en activos digitales.
En Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos completaron la implementación de una regulación de stablecoins ligados al dírham y definieron condiciones para productos tokenizados. Dubái y Abu Dabi armonizaron criterios para operadores virtuales y endurecieron sanciones por actividad no autorizada, mostrando una transición desde la experimentación hacia una supervisión madura con alcance internacional.
En América Latina, Brasil destacó por la entrada en vigor de un régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales que exige requisitos de capital, transparencia y controles antilavado, e incluye operaciones con stablecoins en la supervisión de cambios y pagos transfronterizos. Argentina elevó exigencias para el registro de proveedores y lanzó un marco experimental para activos tokenizados. México mantuvo una postura cautelosa, aunque impulsó reformas antilavado en su rol como presidente del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Los riesgos persisten fuera del perímetro regulado
El avance regulatorio responde también a amenazas continuas. TRM Labs atribuye las mayores tasas de actividad ilícita a segmentos fuera del perímetro regulado: brokers extrabursátiles no autorizados, puentes entre cadenas y ciertas plataformas descentralizadas sin controles operativos ni auditorías. El ataque vinculado a Corea del Norte contra la plataforma Bybit, con pérdidas que superaron los 1.500 millones de dólares en tokens de Ethereum, ejemplifica esta vulnerabilidad. Según FATF, mientras existan jurisdicciones con marcos débiles o inexistentes, persistirá el riesgo de arbitraje regulatorio.
El sistema financiero tradicional también revisó su postura. El Comité de Basilea anunció una revisión acelerada de su marco prudencial para exposiciones bancarias a criptoactivos, tras el rechazo de Estados Unidos y Reino Unido a adoptar estándares que imponían deducciones de capital del 100 % para la mayoría de activos digitales.
TRM Labs indica que esa revisión podría facilitar la entrada de bancos globales en mercados de stablecoins y activos tokenizados, en especial si se definen criterios diferenciados según riesgo operativo, gobernanza y solidez del emisor.
Los organismos multilaterales intensificaron sus advertencias. FATF insistió en la necesidad de una implementación más homogénea de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y amplió a 67 la lista de jurisdicciones con sectores cripto de relevancia material. El Consejo de Estabilidad Financiera advirtió que la fragmentación regulatoria sigue siendo un riesgo para la estabilidad, pese a los avances nacionales. La Organización Internacional de Comisiones de Valores reconoció progresos en custodia y gobernanza, pero señaló que aún es temprano para evaluar la efectividad de los regímenes vigentes.
De la norma a la ejecución
El crecimiento del sector acompaña este cambio de enfoque. Diversas estimaciones sitúan el valor de mercado global de los criptoactivos por encima de los cuatro billones de dólares en 2025, un récord histórico. Encuestas a inversores institucionales muestran que más de la mitad de las entidades planea aumentar su exposición a activos digitales en los próximos años, siempre que existan reglas estables y supervisión clara.
El horizonte inmediato estará marcado por la implementación: Estados Unidos deberá desarrollar la regulación secundaria del GENIUS Act en 2026; Europa enfrentará la prueba práctica de la supervisión bajo MiCA; y Asia profundizará sus programas piloto.
TRM Labs prevé que la competencia entre jurisdicciones dejará de priorizar reglas laxas para atraer operadores y se orientará a ofrecer marcos sofisticados capaces de integrar innovación, estabilidad financiera y controles efectivos. En esa transición, la regulación del cripto deja de ser reactiva y pasa a ocupar un lugar central en la política económica de las principales economías.
