Estados Unidos hizo este viernes un reclamo público a las autoridades del régimen nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes calificó como dictadores, y exigió la liberación inmediata de “todos los presos políticos”.
“Los Estados Unidos están vigilando”, advirtió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado a través de la red social X.
El organismo señaló que, en estas fechas, muchos nicaragüenses encontrarán asientos vacíos en sus mesas donde deberían estar familiares detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por el régimen de Ortega y Murillo.
En el mismo comunicado, la administración del presidente Donald Trump subrayó: “Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses”.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas —avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, al menos 62 opositores y críticos permanecen encarcelados en Nicaragua, entre ellos 18 adultos mayores y 28 personas en condición de “desaparición forzada”.
En la lista figuran el ex comandante sandinista Henry Ruiz, en arresto domiciliario desde marzo; el exasesor de Ortega Álvaro Baltodano; líderes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan; y varios militares retirados.
El reclamo de Estados Unidos llega después de que el mandatario norteamericano calificara a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, como países “tomados por narcoterroristas”. Washington confirmó días atrás que estudia aumentar aranceles al 100% y la posible expulsión de Nicaragua del DR‐Cafta (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) por políticas que considera irrazonables en materia de derechos humanos y laborales.
En febrero, el secretario de Estado Marco Rubio también criticó al régimen sandinista, afirmando que se ha convertido en una dinastía familiar con una copresidencia (Rosario Murillo) que ha intentado eliminar a la Iglesia Católica, lo religioso y cualquier elemento que pueda amenazar su poder.
En la política interna, la Asamblea Nacional juramentó el jueves 27 de noviembre a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos tres jueces sancionados por Estados Unidos por su presunto apoyo a la represión contra opositores bajo el gobierno de Ortega y Murillo.
Los designados son la ex fiscal general Ana Julia Guido; los jueces de apelaciones Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez; la jueza de Bluefields Shura Bonilyn Welcome Crawford; y el abogado y exsecretario político del Frente Sandinista en Boaco, José Manuel Fuertes Toledo.
Ana Julia Guido, quien también se desempeñó como subdirectora de la Policía Nacional y fue guerrillera sandinista, recibió sanciones de Washington por “permitir y beneficiarse de las actividades represivas” del régimen y por crear una unidad especializada que, según la acusación, elabora cargos contra manifestantes y promueve procedimientos jurídicos contra ellos.
Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez figuran entre los jueces que revocaron la nacionalidad a más de 300 disidentes, incluidos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez; ambos han sido sancionados por Estados Unidos.
(Con información de EFE)
