El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el decreto que convoca a las sesiones extraordinarias. Esta convocatoria será la primera prueba para los mercados respecto de la capacidad del Gobierno para construir gobernabilidad, ya que se debe comenzar a negociar el Presupuesto 2026 después de dos años de prórrogas del presupuesto de 2023. Las conversaciones con los gobernadores muestran por ahora avances limitados.
Aunque Diego Santilli asumió como ministro del Interior y encabezó reuniones en la Casa Rosada y en varias provincias, no existe aún un documento final ni siquiera un borrador con las modificaciones que se están debatiendo.
Las redacciones de las modificaciones están a cargo del Ministerio de Economía. Según fuentes de la Casa Rosada, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y su equipo están liderando ese trabajo desde el Palacio de Hacienda, pero hasta ahora ningún gobernador ha recibido —ni se le prometió recibir— un borrador.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo tenían previsto involucrarse en las negociaciones del Presupuesto 2026. Esta semana se realizó una reunión con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en temas vinculados al reparto adeudado de la coparticipación.
En la próxima reunión entre Jorge Macri y Santilli en la Casa Rosada volverán a tratar el tema de la coparticipación y otros asuntos que afectan a ambos gobiernos, según indicaron desde la sede del gobierno porteño.
Fuentes oficiales remarcan que no habría nuevos instrumentos que firmar porque ya existe un acuerdo suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece un 1,55% para el pago de la deuda, además del 1,4% que se distribuye diariamente.
Caputo también tenía programada una reunión con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pero fue suspendida a mitad de semana. La última comunicación entre ambos había sido en el marco del acuerdo por la reducción de retenciones al petróleo.
Las gestiones con los gobernadores se centran no solo en pedidos de obras públicas y acceso a crédito, sino en la exigencia de pago de deudas acumuladas por convenios incumplidos por la Nación. En ese sentido, Santa Cruz reclama alrededor de $11.000 millones para 2025 por convenios firmados entre Vialidad Nacional y la provincia que no se ejecutaron, según participantes de las negociaciones.
Estado de los caminos
Ligado a esas deudas, el estado de las rutas y el modelo de peaje propuesto por el Gobierno generan críticas del sector privado. Desde la industria de la construcción y del transporte señalan que el proyecto habla de 9.000 kilómetros con modelo de peaje pero no considera otros 31.000 kilómetros que no son compatibles con ese sistema por su bajo tránsito.
Un representante del sector agropecuario señaló además que el Gobierno evalúa transferir tramos de rutas nacionales a las provincias. No está claro todavía si esa alternativa formará parte de las modificaciones al Presupuesto 2026 que se enviarán próximamente a la Cámara de Diputados.
Subsidios del consumo de gas
Una situación similar afecta a los subsidios por Zonas Frías: a la provincia de Santa Cruz le deben aproximadamente $15.000 millones, un monto que no figura en el proyecto de Presupuesto 2026 remitido en septiembre. Ese proyecto también propone modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios del Consumo de Gas.
En el borrador se eliminaba la ampliación del régimen de Zonas Frías implementada en 2021, lo que dejaría fuera a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años. Esa medida impactaría principalmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde el beneficio se había extendido.
El proyecto repetía la exclusión de esa ampliación del régimen de Zonas Frías, lo que generó preocupación entre los beneficiarios y los gobiernos provinciales afectados.
Desde la Casa Rosada indicaron con ironía que “Córdoba está en el régimen de Zona Fría” y afirmaron que el problema se resolvería con el nuevo esquema de subsidios anunciado por la Secretaría de Energía, que se aplicaría desde enero de 2026.
Cajas provinciales
El principal foco de tensión es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto prevé que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transfiera $122.762 millones, pero establece una condición: solo podrán solicitar anticipos aquellas provincias con un déficit reconocido, provisional o definitivo, derivado de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posteriores.
Además de reclamar un monto mayor, las provincias piden modificar las condiciones de acceso a ese financiamiento para flexibilizar los requisitos y ampliar la cobertura.
En síntesis, los gobernadores insisten en que el Gobierno nacional cumpla los acuerdos existentes y garantice los recursos necesarios para obras, subsidios y seguridad social. La definición del Presupuesto 2026 se perfila así como una nueva prueba de fuerza y negociación entre la Nación y las provincias.
