Este 10 de diciembre se cumplen dos años del gobierno de Javier Milei. En ese período ocurrieron cambios importantes, con resultados positivos y desafíos pendientes. Vale la pena evaluar el rumbo tomado, los logros alcanzados y las tareas que quedan por delante para este segundo tramo de gestión.
Para evaluar con justicia es necesario recordar el punto de partida. En 2023 Argentina afrontaba una crisis económica profunda: inflación muy elevada, niveles de pobreza altos y una reducción notable de la clase media. También llevaba años sin generación sostenida de empleo formal privado, mientras crecían el empleo público y las modalidades informales o de autoempleo.
Entre los logros del gobierno se puede mencionar el ordenamiento macroeconómico iniciado para estabilizar las cuentas públicas: la reducción del déficit heredado hasta llegar a un pequeño superávit fiscal, el crecimiento del PBI en torno al 3% y una marcada baja de la inflación desde niveles extraordinariamente altos hacia cifras mucho menores, si bien aún superiores a lo deseable. Esos cambios se acompañaron de una disminución en la tasa de pobreza estimada y de una caída del Riesgo País respecto de los valores previos, aunque persisten vulnerabilidades y margen de mejora.
Esos avances económicos se reflejaron también en la percepción ciudadana y en el resultado electoral de las elecciones intermedias de octubre de 2025, en las que el oficialismo obtuvo una porción significativa del voto a nivel nacional y se impuso en varias jurisdicciones del país.
En materia de seguridad y orden público se registraron mejoras según los registros oficiales: en 2024 se informó la tasa de homicidios más baja en un cuarto de siglo y, según indicadores del Ministerio de Seguridad, la tendencia a la baja continuó en el inicio de 2025. En algunas ciudades con problemas severos de violencia vinculada al narcotráfico se observaron caídas importantes en homicidios.
Además, hubo coordinación entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires para reducir cortes de calles y retomar la circulación habitual, aplicando protocolos y articulación entre fuerzas. En el ámbito de la asistencia social se avanzó en transferencias directas a hogares y en ajustes que, según lo informado, superaron la inflación acumulada, lo que produjo aumentos reales marginales en algunos servicios y programas sociales.
Sin embargo, esos avances no garantizan por sí solos una solución estructural y transversal; la construcción de una Argentina estable requiere más que la acción de un solo partido.
Un desafío central en este segundo período es convertir las señales macroeconómicas positivas en previsibilidad para la inversión privada. Persisten factores de incertidumbre, como restricciones cambiarias y un régimen de tipo de cambio escalonado frente a una inflación mayor, además de la necesidad de fortalecer las reservas y enfrentar vencimientos importantes de deuda en los próximos años, lo que limita el acceso sostenido a los mercados internacionales.
El patrón de crecimiento observado ha sido heterogéneo: algunos sectores de alto valor agregado como minería, agro y energía muestran dinamismo, mientras que sectores con mayor capacidad de empleo formal —construcción, industria y comercio— han registrado contracciones. El desempleo mostró un incremento en los últimos datos y el ingreso disponible promedio descendió, por lo que el reto es que el crecimiento se traduzca en más trabajo formal, crédito y consumo.
Existen aún deudas importantes en la gestión pública.
Los avances en transparencia y rendición de cuentas fueron limitados en algunas áreas: hubo frenos a iniciativas de regulación de la conducta pública, restricciones en el acceso a información pública y se registraron denuncias de presunta corrupción que están siendo investigadas por la Justicia y que requieren esclarecimiento.
También hay señales de preocupación respecto de la salud institucional: decisiones en materia de nombramientos judiciales por vías excepcionales, el cumplimiento pendiente de fallos sobre coparticipación y la ausencia de debate del Presupuesto en dos años constituyen alertas sobre la robustez del funcionamiento republicano.
Es preciso reconocer, además, el papel de aliados políticos en la primera etapa de la gestión: diversas fuerzas colaboraron para garantizar gobernabilidad y facilitar la implementación de políticas en un contexto legislativo fragmentado.
Ese apoyo se materializó en votos en el Congreso, propuestas de cuadros técnicos y respaldos a políticas que los socios consideraron necesarias para evitar una vuelta a la situación previa.
La meta para los próximos dos años es recuperar un perfil político claro y competitivo que contribuya a consolidar una alternativa moderada y estable en el escenario nacional. La existencia de dos espacios políticos razonables y competitivos es, a juicio de muchos analistas, un factor importante para la previsibilidad y la atracción de inversiones.
Ello implica respaldar reformas que fomenten la inversión y el empleo, pero también señalar y corregir errores cuando corresponda, con el objetivo de proteger el interés público y mantener el rumbo hacia la estabilidad.
No se admitirán atajos institucionales: el orden fiscal debe ir acompañado del respeto por las instituciones republicanas. Se exige un Estado más eficiente que combata la corrupción y reduzca el gasto político sin sacrificar la eficacia en la gestión pública.
La obra pública vuelve a ser un tema relevante: además de brindar soluciones concretas a millones de personas, la infraestructura es necesaria para el desarrollo y la conectividad que permiten el crecimiento económico sostenido.
De igual manera, es imprescindible avanzar en reformas de fondo como la educativa, ya que un sistema con dificultades en aprendizajes básicos condiciona el futuro del país.
El compromiso declarado es actuar como un contrapeso responsable: acompañar las políticas que resulten positivas y corregir o frenar aquellas que pongan en riesgo la institucionalidad o el bienestar general. Esa postura busca respaldar a los ciudadanos que, con su trabajo, sostienen el cambio.
Argentina enfrenta una oportunidad para romper con ciclos recurrentes de crisis. La voluntad política existe, pero es necesario complementarla con acuerdos sostenibles, reglas claras, respeto a la ley y políticas orientadas a la productividad. El futuro dependerá de las decisiones que se tomen; el objetivo debe ser que el esfuerzo realizado rinda frutos duraderos.
