La cantidad de demandas registradas en el Sistema de Riesgos del Trabajo llegó a un máximo histórico, lo que generó preocupación entre las aseguradoras. Según datos difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y noviembre de este año se iniciaron 122.875 nuevos juicios, lo que elevó a 131.998 el total acumulado en los últimos doce meses.
El informe indica que la litigiosidad en 2025 aumentó un 5,1% respecto del mismo periodo de 2024. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor parte de los casos judicializados, con el 39% de las demandas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el segundo lugar y registró un incremento anual del 8%. Santa Fe superó su récord de 2019 con un crecimiento interanual del 26%, Chubut tuvo la mayor variación relativa del país con un salto del 44% en los primeros once meses, y San Luis mostró una expansión del 20% entre enero y noviembre y del 22% en la medición móvil de doce meses.
La UART calificó el fenómeno como “paradójico”: aunque las demandas aumentan, los accidentes laborales siguen en descenso. En los últimos años se registró una reducción del 80% en fallecimientos y del 55% en accidentes de trabajo, resultados que se atribuyen al fortalecimiento de políticas de prevención. No obstante, la judicialización no guarda correlación con esa caída: “Este récord histórico de casi 132.000 nuevas demandas agrava aún más la presión sobre el sistema”, advirtió la entidad.
En ese contexto, la cámara que agrupa a las ART insistió en la “necesidad urgente” de implementar el Cuerpo Médico Forense en las 18 provincias adhesas a la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, promulgada en octubre de 1995. Según la UART, ese cuerpo es el único mecanismo capaz de ordenar el “actual descalabro pericial”, aportar mayor transparencia a los procesos y evitar “montos indemnizatorios abusivos” que, según afirmaron, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema.
La entidad subrayó que los dictámenes periciales son determinantes en los juicios, ya que fijan el grado de incapacidad y sirven de base para los cálculos indemnizatorios. Además, advirtió que la falta de un cuerpo forense unificado da lugar a criterios dispares y evaluaciones contradictorias que alimentan la litigiosidad.
Un debate más amplio
La advertencia de la UART se enmarca en un debate más amplio sobre el costo de los juicios laborales. Recientemente, un fallo que ordenó el pago de $250 millones a un trabajador con 26 años de antigüedad desencadenó un fuerte debate público sobre el impacto del régimen de actualización judicial. La sentencia aplicó la fórmula utilizada durante la emergencia sanitaria —Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3% anual— sobre un monto base de $9,4 millones en 2020, y consideró las propinas como parte del salario.
Datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) señalan que hay 637.330 juicios laborales pendientes. En relación con los 6,3 millones de trabajadores formales del sector privado, esos expedientes representan aproximadamente el 10% del empleo registrado.
La discusión volvió a cobrar impulso con la reforma laboral que el Gobierno planea llevar al Congreso. El texto oficial sostiene que busca “modernizar el régimen de empleo en Argentina a través de reglas claras y previsibles, que desalienten la judicialización y permitan el desarrollo de relaciones más ágiles”.
El proyecto, que el oficialismo intentará aprobar en sesiones extraordinarias, propone redefinir conceptos remunerativos para reducir controversias, otorgar autoridad de cosa juzgada a acuerdos conciliatorios y aclarar que las propinas no constituyen remuneración, entre otros puntos que buscan incidir, de forma indirecta, en la litigiosidad.
