En Oslo se rindió homenaje a la libertad, a la democracia y a la figura de María Corina Machado. Su familia debió salir del país, ella permanece en la clandestinidad en Venezuela y su vida corre peligro a diario. Para muchos, Machado es un símbolo central de esa lucha por la democracia; algunos incluso la comparan con Nelson Mandela por el papel que representa en el presente.
Esta comparación busca además subrayar la crítica hacia quienes se definían como defensores de la democracia y, sin embargo, no se opusieron con firmeza —o miraron hacia otro lado— durante los años en que Hugo Chávez y Nicolás Maduro consolidaron prácticas que, según críticos, socavaron derechos y libertades, y permitieron violencia y la impunidad de actores delictivos.
En Estados Unidos existe hoy un debate polémico: algunos congresistas y sectores políticos critican la operación en el Caribe motivados por su oposición a Donald Trump, y cuestionan la intervención usando distintos argumentos, mientras otros señalan que ciertos medios han ofrecido una cobertura que consideran demasiado favorable al régimen de Maduro.
Por ejemplo, titulares como el del Washington Post o CNN que describen a Nicolás Maduro como “el político improbable que desafió todos los pronósticos” y reportajes del New York Times con imágenes profesionales de Delcy Rodríguez y entrevistas a dirigentes opositores moderados han sido interpretados por algunos analistas como intentos de presentar alternativas o matices al conflicto político en Venezuela.
Es sorprendente para muchos que medios de gran alcance parezcan tomar posiciones tan visibles en un debate en el que, según críticos, está en juego la restauración de la democracia y la protección de los derechos humanos en Venezuela.
También hay quienes se preguntan si algunos actores internacionales prefieren la permanencia del régimen actual, pese a las acusaciones de intervenciones políticas en países vecinos y los señalamientos sobre financiación irregular de campañas en la región —casos que, según distintas investigaciones y denuncias, habrían involucrado a actores vinculados al gobierno venezolano en episodios en Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y Bolivia.
En el plano de la seguridad, existen preocupaciones sobre la presencia e influencia de actores extranjeros: informes y denuncias indican la actividad de servicios de inteligencia rusos en Venezuela y episodios en los que el grupo Wagner habría colaborado con fuerzas locales. Además, se ha denunciado la presencia de grupos armados colombianos que operan desde territorio venezolano, y reportes mencionan más de 300 ataques con drones contra militares colombianos en el último año.
Asimismo, se señala la intervención tecnológica y económica de potencias como China, cuyo equipamiento se usa, según denuncias, para vigilancia de comunicaciones; y la actividad de Irán y grupos como Hezbolá en negocios ilegales relacionados con oro y narcotráfico, con financiación de células con presencia internacional.
La historia regional aporta antecedentes sobre intervenciones externas que cambiaron regímenes. El ejemplo de Manuel Antonio Noriega en Panamá y la intervención estadounidense que facilitó el regreso de la democracia es invocado por quienes advierten sobre los riesgos de que un régimen autoritario se consolide y continúe afectando a la región.
Para varios observadores, Venezuela combina un régimen autoritario con capacidad de proyectar influencia exterior: el uso de proxies, el apoyo a grupos armados en la región y la sinergia con aliados como Cuba y Rusia conforman, en su opinión, una estrategia de intervención que trasciende la crisis interna.
Incluso algunos sectores conservadores en Estados Unidos se oponen a la operación planteada, pero hay quienes sostienen que aplazar una intervención ahora podría encarecer enormemente cualquier intento futuro de estabilizar la región y atender las crisis humanitarias que generan desplazamientos masivos.
Según partidarios de la acción, el momento actual sería propicio porque el régimen muestra debilidades y existe una figura opositora que podría articular una transición incluyente, siempre que se excluyan a quienes estén vinculados a la criminalidad organizada.
Desde esa perspectiva, se argumenta que la administración de Estados Unidos tiene la oportunidad de actuar con un coste relativo menor, concentrando esfuerzos en neutralizar los activos clave del régimen y facilitando así una salida que devuelva espacios democráticos al país.
El llamado directo al presidente Donald Trump es a aprovechar esa ventana de oportunidad: sus partidarios afirman que una decisión decidida reforzaría la credibilidad del poder estadounidense y sería percibida positivamente en buena parte de América Latina.
Quienes respaldan esta postura sostienen que la región reconocerá una acción orientada a restaurar la democracia y la seguridad, y el autor del texto manifiesta su disposición a reconocer públicamente ese esfuerzo.
