El Gobierno nacional confirmó que la reforma laboral se aplicará a todos los contratos vigentes en el sector privado desde el momento en que se sancione, por lo que eventuales indemnizaciones se calcularán con las limitaciones previstas en la norma y los períodos de vacaciones no gozados podrán ser modificados conforme a lo establecido.
Desde esa fecha, los empleadores también podrán implementar las modificaciones que prevé la iniciativa en debate, como el banco compensatorio de horas semanales.
Además, el Ejecutivo admitió que utilizará recursos de la previsión social para financiar parte de las indemnizaciones al sector privado.
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, puntualizó el alcance de la ley frente a interpretaciones que indicaban que, una vez aprobada, solamente regiría para las nuevas incorporaciones y no para las relaciones laborales ya existentes.
“Es para todos los contratos, para los actuales y para los que vengan”, declaró en medios.
Este punto es uno de los argumentos que el sindicalismo esgrime para convocar a la movilización de rechazo a la ley prevista para el próximo jueves en Plaza de Mayo.
Las leyes y la retroactividad
Consultado por este medio, el constitucionalista Félix Lonigro respaldó la interpretación del Gobierno.
En su explicación, Lonigro señaló que aunque “las leyes no son retroactivas”, el Código Civil establece que las normas rigen hacia el futuro, abarcando tanto las nuevas relaciones jurídicas como las consecuencias de las ya existentes.
Por ello, explicó, aun cuando una relación laboral se hubiese iniciado antes de la sanción de la ley, los cambios pueden aplicarse a esa relación para hechos posteriores a la entrada en vigor de la norma.
Como ejemplo, indicó que si la ley se sanciona en marzo, un despido ocurrido en abril se regirá por la nueva normativa, aunque el vínculo laboral hubiere comenzado con anterioridad.
Respecto de los juicios laborales en trámite, Lonigro aclaró que se seguirá aplicando la ley vigente al momento del despido: “Se aplica la ley que había en el momento del despido”.
En cambio, el constitucionalista Daniel Sabsay expresó una visión distinta y sostuvo que la propuesta afecta derechos adquiridos, citando el principio de progresividad y de no regresividad consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos), que tiene jerarquía constitucional en el país.
Sabsay advirtió que, según ese principio, la legislación puede elevar el nivel de protección de un derecho, pero no disminuir el piso de garantías ya alcanzado.
En lo relativo a las vacaciones, los períodos ya acordados para este año no se modificarán; en cambio, los días pendientes para 2026 quedarán sujetos a la nueva ley. La reforma permite asignar vacaciones en cualquier momento del año, en períodos no inferiores a siete días.
Fondo de Asistencia Laboral
Sturzenegger confirmó que se usarán recursos de la previsión social para pagar indemnizaciones mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El FAL se alimentará con un 3% de los aportes patronales. Actualmente esos aportes se destinan al financiamiento de jubilaciones, por lo que su reasignación reducirá la masa disponible para la pasividad.
Además, el mecanismo exigirá colocar esos recursos en instrumentos específicos para preservar su valor, lo que abre oportunidades de negocio para bancos, financieras y compañías de seguros.
El Gobierno debió diseñar este nuevo sistema tras el fracaso del Fondo de Cesantía creado por decreto, un esquema parecido al que utiliza el sindicato de la construcción (UOCRA) pero que las empresas con empleo más estable consideraban caro e ineficiente.
La iniciativa enviada por la Casa Rosada permite asimismo pagar una indemnización en hasta doce cuotas, lo que limita la disponibilidad inmediata del trabajador para afrontar su situación sin empleo formal.
Salarios
Sobre el salario, Sturzenegger negó que la nueva ley habilite el pago mediante “tickets” de supermercados o de comida y sostuvo que se permitirá el pago en pesos o en dólares.
El ministro defendió la posibilidad de que empresas de menor tamaño en determinadas regiones acuerden remuneraciones en función de las condiciones locales, sin que necesariamente rijan los parámetros salariales de los grandes conglomerados urbanos, donde el costo de vida y los gastos de transporte son distintos.
Sturzenegger también precisó que la reforma no alcanza a los empleados públicos, que conservarán su condición actual, ni a quienes realizan servicios de delivery, mensajería o transporte de manera independiente.
