El reciente incremento de la “Tasa de Protección Ambiental” en Pilar, partido del conurbano bonaerense, puso en debate la carga y el crecimiento de las tasas municipales. Estas contribuciones se acercan al 10% del gasto público consolidado en la Argentina, un nivel inédito en décadas, y muestran una tendencia de aumento tanto en cantidad como en peso sobre la actividad económica local.
El caso de Pilar —gobernado por el intendente Federico Achával desde diciembre de 2019— mezcla decisiones políticas locales, factores institucionales y un contexto económico adverso. Ilustra además problemas de control y rendición de cuentas en gobiernos municipales, donde se esperaría mayor transparencia y participación ciudadana.
Achával proviene de un entorno con vínculos políticos e intereses empresariales locales, y su gestión se ha acercado al Gobierno provincial. En Pilar, la “Ordenanza Fiscal 2026” (ordenanza 112/2025) enumera numerosas figuras impositivas: tasas, derechos, contribuciones, plusvalías, patentes y fondos municipales que abarcan múltiples actividades y servicios.
Entre los tributos aparecen tasas por servicios generales y especiales, inspección para habilitaciones comerciales e industriales, la conocida Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) y otras variantes aplicadas a distintos sectores y actividades.
Infraestructura y Empleo
Durante la gestión actual se creó la Tasa para el “Desarrollo de la Infraestructura y Promoción del Empleo Local” (Dipel). También se incorporaron una tasa de “Mantenimiento Vial Municipal” y la “Protección Ambiental”, esta última con solapamientos aparentes respecto de la “Contribución para la Mitigación de Contingencias Climáticas”.
La ordenanza contempla además derechos por publicidad, oficina, construcción, ocupación del dominio público, espectáculos, cementerios, instalación de contenedores y diversas patentes, más cobros por plusvalía y fondos específicos.
.responsive {width: 100%; height: auto;}
El aumento más comentado fue el de la Tasa de Protección Ambiental, que dejó de calcularse por módulos fiscales por empleado y pasó a equivaler al 2% de la facturación de supermercados e hipermercados, trasladándose al consumidor mediante retenciones en el punto de venta.
Organizaciones que promueven la simplificación y la transparencia fiscal señalaron que con este cambio Pilar superó en carga impositiva a otros municipios, al sumar ese 2% a una TISH vigente que ya rondaba el 4,5% sobre la misma base imponible, configurando una especie de impuesto municipal sobre la facturación.
Para los críticos, esta acumulación de tributos incide en la cadena de valor: junto a Ingresos Brutos provinciales y el IVA, las alícuotas municipales elevan sensiblemente el peso de los impuestos en productos básicos y en otros bienes, afectando precios y consumo.
Estimaciones citadas por especialistas sitúan la carga tributaria en alimentos y bebidas en porcentajes muy elevados, y cifras similares en ropa y vehículos de baja gama, indicando una presión fiscal que complica la competitividad y la capacidad de consumo.
La tasa del 2% se aprobó en una “Asamblea Fiscal” integrada por los 24 concejales y 24 “mayores contribuyentes”. La normativa provincial definía originalmente a estos últimos como contrapeso frente a la voracidad fiscal, pero en la práctica el umbral para integrar esa categoría en Pilar es bajo: basta haber abonado en el año alrededor de $200, lo que permite que muchas personas y empresas queden habilitadas para votar.
“Mayores contribuyentes”
Cada mayo se registra una lista de voluntarios y cada concejal designa candidatos; de ese grupo el intendente elige 24 titulares para la Asamblea Fiscal. La aprobación del 2% sobre facturación se registró con 39 votos a favor, 6 en contra y 3 ausentes, lo que muestra apoyo mayoritario incluso entre los “mayores contribuyentes”.
Una concejal opositora criticó el proceso por la falta de acceso previo al proyecto y por haberse votado con escaso debate público, denunciando una reducción de la pluralidad del Concejo. Las llamadas al bloque oficialista no tuvieron respuesta en la cobertura del hecho.
Entre quienes participaron de la Asamblea hay referencias a historiales judiciales y políticos locales que generan cuestionamientos sobre la idoneidad y la representatividad de algunos votantes. Además, hay casos de parentesco y movilidad política interna que reflejan la complejidad del escenario local.
El nuevo esquema impositivo también amplía la aplicación de tasas que antes gravaban solo a grandes contribuyentes, como una contribución para el hospital local, de manera que ahora comercios, pymes y emprendedores quedan incluidos en obligaciones antes acotadas a empresas de mayor porte.
.responsive {width: 100%; height: auto;}
En el sector industrial, el impacto se materializó con cierres y traslados de plantas. Empresas como Whirlpool y Kimberly-Clark anunciaron ceses o reubicaciones, y otras vendieron instalaciones; algunos planes de reapertura se acompañaron de reducciones de personal. Estos movimientos responden a una combinación de factores: estancamiento económico, caída de la demanda, competencia importada y costos locales crecientes.
El parque industrial de Pilar, uno de los más grandes del país, ha experimentado pérdidas de empleo y decisiones empresarias que atribuyen peso a la carga impositiva municipal entre otras causas estructurales y de mercado.
Las tasas y la industria
Un estudio de la Unión Industrial Argentina indica que las empresas fabriles pagan en promedio 7,4 tasas municipales distintas. Para la UIA, esa multiplicidad constituye una parte relevante de la carga fiscal que afecta la competitividad del sector transable y el desempeño de la economía formal.
Más del 80% de estas tasas no ofrecen una contraprestación directa en servicios, muchas no se corresponden con el costo real del servicio prestado y una parte importante genera solapamiento con tributos provinciales como Ingresos Brutos, configurando doble imposición sobre las mismas bases.
Investigaciones comparativas muestran que, entre países del estudio, Argentina es excepcional por el peso relativo de las tasas municipales frente a impuestos provinciales y nacionales, fenómeno que incide en la estructura de costos empresariales.
Expertos locales atribuyen parte del problema a un desequilibrio institucional: las empresas suelen tener escasa representación o participación en los ámbitos locales, lo que reduce su capacidad de influir en decisiones que afectan la actividad productiva y facilita la adopción de medidas por parte de municipios y concejos deliberantes.
Además, la Argentina presenta un número de empresas por habitante relativamente bajo en comparación con otros países de la región y del mundo, lo que limita la base productiva y la generación de empleo formal.
Creciente gasto público provincial y municipal
Proyecciones de organismos como Iaraf señalan que, frente a aumentos proyectados del gasto a nivel subnacional, el peso del gasto municipal en el gasto público consolidado se ha incrementado. Estimaciones para 2025 muestran alzas en la participación municipal respecto de años previos, lo que coincide con la multiplicación de tasas y la búsqueda de recursos propios por parte de los municipios.
En el marco del PBI, los distintos niveles de gasto han mostrado variaciones: el gasto nacional y provincial cayó en proporción al PBI en años recientes, mientras que el municipal mantuvo una participación que, aunque menor en términos absolutos, aumentó dentro del gasto consolidado.
Este crecimiento del gasto municipal en el conjunto del gasto público es un dato relevante para entender por qué los municipios intensifican la búsqueda de recursos a través de tasas y tributos propios.
Impuestos, bolilla 1
En teoría, impuestos y tasas se distinguen: los impuestos no requieren contraprestación directa, mientras que las tasas deberían reflejar el costo de un servicio. En la práctica, muchos municipios aplican tasas sobre ingresos totales, acercándolas en efecto a impuestos sobre la facturación y generando solapamientos con gravámenes provinciales.
Así lo han señalado especialistas y organizaciones de transparencia fiscal, que critican la tolerancia judicial y administrativa frente a prácticas que amplían la base imponible municipal. También advierten sobre el ocultamiento de impuestos en los precios y la falta de información al consumidor, problema que viene siendo abordado por medidas de transparencia fiscal a nivel nacional pero que aún requiere mayor adhesión provincial para incluir Ingresos Brutos y tasas municipales.
Para quienes proponen cambios, las soluciones pasan por mayor transparencia, control del gasto público local y coordinación entre niveles de gobierno para evitar duplicidades y reducir la carga sobre empresas y consumidores.
