“Si a Piegari, que tiene 100 empleados, un fallo de $200 millones le genera un problema, imaginate a mí, que tengo 3: me deja fuera de juego”
Mariana Cademartori, socia mayoritaria (80%) de Naranja Mandarina —micropyme dedicada desde hace doce años a fabricar y vender ropa para niños y preadolescentes, con un local en Junín y ventas en otras localidades bonaerenses— habla con tono firme pero preocupado. La empresa enfrenta un riesgo de supervivencia: una condena laboral por $190 millones y un embargo por más de $330 millones, montos que superan ampliamente su capacidad de pago y que han paralizado sus operaciones.
La única posibilidad de evitar la quiebra es que la Corte Suprema de Justicia de la provincia admita antes del inicio de la feria judicial el recurso “en queja” presentado por la defensa de la empresa. Si eso no sucede, la empresa podría declararse en concurso tras una sucesión de fallos y medidas del fuero laboral.
El caso debe ser resuelto por la Corte provincial antes de la feria; en caso contrario, la empresa no podrá sostenerse.
El conflicto se inició en febrero de 2022, cuando un distribuidor que trabajaba con la marca desde hacía más de cinco años se declaró “despedido” y presentó un reclamo laboral al mes siguiente. El distribuidor compraba mercadería a crédito de la empresa y la vendía en una zona exclusiva a precios que él fijaba.
Naranja Mandarina sostuvo que la controversia correspondía al fuero comercial, pero la justicia de la provincia la encuadró como un conflicto laboral.
“Viajante de Comercio”
Según Cademartori, el vínculo con esa persona comenzó aproximadamente un año y medio después de la creación de la empresa: él ya disponía de una zona de trabajo y operó con autonomía en la distribución. A pesar de esto, el fuero laboral lo consideró un “viajante de comercio” y dictó una condena inicial por $14 millones, explicó la titular de la firma a este medio.
Ese monto se incrementó un 1.257% hasta llegar a $190 millones por la aplicación del llamado “fallo Barrios”, una resolución polémica originada en un caso de accidente de tránsito que la justicia laboral viene aplicando con criterios que, según la empresaria, pueden llevar a la quiebra a pymes y micropymes. Al total se le sumaron intereses del 6% y multas adicionales, que agravaron aún más la deuda.
En la provincia de Buenos Aires, para recurrir ante la Corte Suprema provincial la empresa debería depositar el monto de la sentencia en sede judicial, es decir, $190 millones en efectivo, una cifra inalcanzable para una micropyme.
El abogado de Naranja Mandarina presentó un recurso extraordinario; mientras tanto, el Tribunal Laboral de Junín ordenó una pericia contable y, durante ese proceso, dictó un embargo sobre las cuentas bancarias por más de $330 millones.
Frente a esa medida, la defensa acudió “en queja” a la Corte provincial, pero con las cuentas embargadas la empresa no puede operar con normalidad.
Giro comercial roto
“No podés cobrar, no podés pagar a proveedores ni a empleados, ni impuestos. Todos los cheques te vuelven, el giro comercial está roto”, resume Cademartori. Si la empresa queda atrapada por la feria judicial de enero en esta situación, advierte que tendrá que declararse en concurso, pese al esfuerzo de sus tres empleados y los más de quince colaboradores externos (diseñadores, cortadores, etc.).
La propietaria ya decidió suspender la próxima temporada porque no puede asumir nuevos compromisos, aunque valora el apoyo de la comunidad, del municipio y de algunas autoridades provinciales que han mostrado disposición a ayudar.
Aunque recibe respaldo de talleres y clientes, la realidad financiera es crítica: un embargo de $330 millones excede no solo las ganancias, sino también la facturación anual de la empresa, lo que hace inviable su continuidad en el mercado.
Cademartori recuerda que en diciembre de 2024 la parte demandante ofreció un arreglo equivalente a 30.000 dólares, que la empresa rechazó porque implicaría reconocer una relación laboral que, según ella, no existía.
La dueña confía en que la visibilidad del caso pueda motivar a la Corte Suprema provincial a corregir lo que considera un fallo laboral incongruente y perjudicial para las pymes.
La mención a Piegari al comienzo alude al caso del empresario Alberto Chinkies, propietario de un restaurante porteño, que fue condenado a pagar más de $200 millones en una causa laboral relacionada con un trabajador que durante la pandemia se negó a volver a sus tareas. En esa causa, una jueza dictó un embargo preventivo por $160 millones, afectando gravemente la operativa de la empresa, que tiene alrededor de 100 empleados.
Los reclamos por accidentes laborales han aumentado pese a la caída de la siniestralidad, lo que sugiere que el incremento no responde solo a la ocurrencia de incidentes sino también a los incentivos dentro de los sistemas judiciales y periciales.
En el fuero laboral también se habla de una “industria del juicio” por accidentes y riesgos de trabajo: entre 2021 y 2025 las presentaciones crecieron de manera importante y se estima que para este año finalizarán cerca de 125.000 demandas, un comportamiento que contrasta con la baja en los índices de siniestralidad.
Un informe reciente indica que en los primeros once meses de 2025 la litigiosidad aumentó 5,1% respecto del mismo período de 2024. La provincia de Buenos Aires concentra el 39% de los casos (más de lo que correspondería por su peso poblacional), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el segundo lugar con 8% y Santa Fe superó su récord de 2019 con un incremento del 26% en litigiosidad. Chubut registra el aumento interanual más pronunciado, con un 44%.
