El Gobierno mantiene la decisión de iniciar en el Senado el tratamiento de la Reforma Laboral pese a las críticas de un sector de la oposición y sostiene que existen fundamentos jurisprudenciales que avalan esa postura. Señalan además que el proyecto tiene más de 200 artículos y no está centrado en cuestiones tributarias.
Según un funcionario involucrado en la discusión, la decisión se apoya en el artículo 77 de la Constitución Nacional, que permite que las leyes comiencen en cualquiera de las cámaras, salvo las excepciones previstas por la propia Constitución. En ese marco, el artículo 52 reserva a la Cámara de Diputados la iniciativa exclusiva para las leyes sobre contribuciones.
Desde el oficialismo argumentan que hay interpretaciones doctrinales e históricas que permiten iniciar en el Senado proyectos que no crean ni aumentan tributos, citando posiciones de juristas que retoman criterios del pasado para sostener esa posibilidad cuando la iniciativa no persigue un objeto esencialmente tributario.
Como antecedente cercano mencionan el tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales, que se tramitó en la Cámara Alta y obtuvo sanción en diciembre de 2022 con la Ley N° 27.667, la cual elevó el mínimo no imponible y lo vinculó a la actualización por índice de precios al consumidor (IPC).
Tras las críticas públicas de legisladores como el diputado Esteban Paulón y otras voces que reclamaron que el proyecto debió ingresar por Diputados, desde la Casa Rosada recuerdan un fallo de la Corte Suprema de 1948 que, según su interpretación, avala la posibilidad de iniciar en el Senado normas vinculadas con aportes cuando su objeto principal no es tributario.
Una fuente oficial explicó que la Corte no aplicó el entonces artículo 44 (actual 52) de forma absoluta, sino que admitió la validez de iniciar en la Cámara Alta proyectos cuyo propósito central no sea la creación de contribuciones.
En la sede gubernamental sostienen que la interpretación institucional del artículo 52 debe ser limitada: se aplicaría a leyes que creen o aumenten tributos o cuyo objeto principal sea tributario, no a todo proyecto que tenga alguna relación indirecta con impuestos.
Desde el entorno de la exministra que conduce las negociaciones con bloques aliados indicaron que no esperan dificultades para sostener la iniciativa en el Senado, insistiendo en que el proyecto no implica creación de nuevos impuestos y rechazando interpretaciones contrarias.
En paralelo, diputados y otros críticos —entre ellos Guillermo Michel— explicaron en redes y foros por qué entienden que la iniciativa debería haber comenzado en Diputados. Reconocen precedentes que admiten ingresos por Senado, pero subrayaron límites constitucionales señalados en dictámenes anteriores.
En dos dictámenes citados, de 1985 y 1999, se establecieron criterios según los cuales un proyecto no debe significar nuevas cargas impositivas para otros contribuyentes ni generar indirectamente cargas nuevas.
Michel sostiene que el título XXIV de la reforma laboral cumple esos criterios salvo por el artículo 186, que modifica un párrafo de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que ciertos quebrantos se actualizarán por el IPC a partir de ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025.
Según su análisis, esa modificación beneficiaría el ajuste por inflación de quebrantos para contribuyentes cuyos ejercicios comiencen a partir de esa fecha, pero podría generar efectos fiscales adicionales por interacción con otras normas de ajuste por inflación previstas en la ley de ganancias.
Pese a las controversias y a las objeciones, el Gobierno no tiene previsto modificar los planes y la próxima semana la senadora Patricia Bullrich iniciará el tratamiento del proyecto de “modernización” laboral con la intención de buscar media sanción en diciembre.
Si bien los plazos son acotados, desde el oficialismo confían en avanzar en la aprobación del texto elaborado por los equipos de los ministros responsables, que trabajaron en coordinación para diseñar la iniciativa.
Bullrich ya está abocada a sumar apoyos para alcanzar los primeros objetivos legislativos de la segunda mitad del mandato, consolidando alianzas que permitan avanzar en el Senado.
En el escenario más optimista que manejan en la administración, estiman contar con alrededor de 40 apoyos en la Cámara Alta y un piso de 135 voluntades en Diputados, cifras que, de confirmarse, facilitarían la sanción de la norma por mayoría.
El resultado final dependerá de las negociaciones parlamentarias y de las resoluciones jurídicas sobre el origen y el alcance del proyecto, mientras el Ejecutivo continúa con el trámite previsto en el Senado.
