En Rosario se conoció una causa por trata de personas y reducción a la servidumbre en la que una mujer fue formalmente imputada por mantener en situación de explotación a una joven durante más de dos décadas.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a una residente en Los Ángeles, Estados Unidos, por haber mantenido en condiciones de servidumbre a una mujer de 36 años desde su adolescencia, obligándola a realizar tareas de cuidado y trabajo doméstico en una vivienda del barrio Martín durante 22 años.
El inicio del calvario
Según la investigación, la víctima fue captada en la provincia de Corrientes en 2003 y trasladada a Rosario con la promesa de poder estudiar y mejorar su situación. La adolescente, entonces de 14 años, no fue escolarizada y quedó sometida a las exigencias de sus captores. La explotación continuó sin interrupciones por 22 años, según consta en la causa.
Controlada con 16 Cámaras de Seguridad
La acusada, identificada como E.S.S., habría mantenido y profundizado el sometimiento que inicialmente habría iniciado su madre, quien también está bajo investigación. Entre 2022 y octubre de 2025, el MPF asegura que E.S.S. dirigía y supervisaba a la víctima mediante un sistema de 16 cámaras instaladas en la vivienda y a través de un teléfono que era el único medio de comunicación de la persona explotada.
El expediente señala que la mujer obligada trabajó sin descanso ni remuneración, sin aportes previsionales ni cobertura de salud, y con un aislamiento social que le impidió vincularse con el exterior. Por la continuidad de los hechos, el MPF calificó la situación como un “delito de ejecución continuada”.
Las fiscales Adriana Saccone, María Virginia Sosa y Soledad García hicieron la imputación ante el juez de Garantías Román Lanzón. La acusada participó de la audiencia por videoconferencia desde Estados Unidos, lo que pone de relieve el carácter transnacional del caso.
La situación de servidumbre terminó el 2 de octubre, cuando un allanamiento de la Policía Federal, resultado de una investigación detallada, permitió liberar a la víctima. Las pruebas reunidas incluyen testimonios de vecinos, informes oficiales, peritajes y la declaración de la propia víctima registrada en Cámara Gesell.
