El juicio por los “cuadernos” escritos por el chofer Oscar Centeno continúa con la lectura de imputaciones en su undécima audiencia. Hoy se avanza con la segunda parte del pedido de elevación a juicio de una causa paralela que investiga la cartelización de la obra pública, conocida en Comodoro Py como el caso “La Camarita”.
La fiscalía, a cargo de Carlos Stornelli, imputó a 52 personas por su vínculo con la Cámara Argentina de Empresas Viales. Entre los acusados figuran el financista Ernesto Clarens, señalado como organizador del manejo del dinero; el empresario Carlos Wagner; y exfuncionarios como Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José Francisco López.
La acusación plantea que existió una asociación ilícita destinada a recaudar sobornos y repartir obras públicas entre un grupo cerrado de empresas, con retornos estimados entre el 3% y el 20%.
CFK, De Vido y López son los principales acusados políticos en esta causa, implicados en el cobro de 175 supuestos sobornos; Roberto Baratta, señalado como recaudador en otras investigaciones, no está imputado aquí. Entre los empresarios involucrados aparecen Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra.
El requerimiento fiscal tiene 420 páginas. Las confesiones y testimonios de implicados como López, Clarens, Roggio y Calcaterra constituyen pruebas centrales para la fiscalía.
En audiencias previas se leyó el testimonio de Ernesto Clarens, quien en 2018 mencionó el relato de Daniel Muñoz sobre una presunta bóveda de dinero en El Calafate. También se reprodujo la confesión de López desde la prisión de Ezeiza, donde describió un “listado” de cobros que, según dijo, se entregaba a la Presidenta y a Julio De Vido.
En la audiencia anterior se leyó además la declaración del arrepentido Gabriel Losi, quien admitió haber realizado pagos en nombre de su empresa y describió presiones y modalidades de entrega de dinero en efectivo.
Según Losi, la operatoria de “La Camarita” se desarrolló durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y continuó tras la muerte de Néstor. Relató que Clarens se refería a Néstor Kirchner con apelativos y que los empresarios cedieron ante advertencias y bloqueos de pagos. Losi dijo haber entregado dinero personalmente por indicación de su padre y que los montos dependían de la disponibilidad de efectivo.
De Vido, el organizador
La fiscalía describe a Julio De Vido como un actor central en la implementación del sistema de recaudación ilegal para el área de obra pública civil, sosteniendo que fue “el máximo responsable de concretar el sistema”.
José López, en su declaración, afirmó que De Vido y Muñoz coordinaban la exigencia de anticipos durante campañas y que De Vido le explicó el funcionamiento del sistema de recaudación, mientras que Baratta y otros indicaban montos y plazos que luego Clarens operativizaba.
Entre las pruebas citadas figuran registros telefónicos que muestran numerosas comunicaciones entre De Vido y Clarens.
Cristina Kirchner y “La Camarita”
El requerimiento fiscal sostiene que la ex presidenta impartió directivas para crear un mecanismo de recaudación. Según el escrito, la coordinación habría estado a cargo de José López, la ejecución en el ámbito de la Cámara Argentina de la Construcción a cargo de Carlos Wagner y la recepción y cambio de divisas en manos de Ernesto Clarens.
El fiscal describe a Cristina Fernández como la cúspide de la estructura destinada a maximizar la recaudación, aprobando los niveles inferiores del esquema.
Clarens, el recaudador
La acusación ubica a Ernesto Clarens como el receptor directo de pagos de empresas del rubro vial, responsable del cambio de divisas y del envío posterior de fondos a los destinatarios finales. Esa red de empresas que pagaba para asegurarse adjudicaciones fue denominada “La Camarita”.
Clarens reconoció haber participado en esas actividades durante y después de la presidencia de Néstor Kirchner, y la fiscalía lo relaciona con un mecanismo cartelizado que favorecía a empresas preseleccionadas, con la Dirección Nacional de Vialidad iniciando los pagos y Clarens recaudando los sobornos.
La acusación contra Carlos Wagner
El fiscal describe a Wagner como quien organizó y puso en marcha la recolección ilegal en la Cámara Argentina de Empresas Viales, nominando empresas favorecidas en licitaciones y coordinando reuniones donde se distribuían obras y se aseguraban las recaudaciones entre los participantes.
Calcaterra admitió pagos de coimas para campañas electorales
Ángelo Calcaterra declaró que Roberto Baratta le pidió aportes para campañas y que, presionado, terminó pagando durante períodos electorales. No recordó cifras exactas, pero estimó montos en torno a los 100.000 o 200.000 dólares en alguna ocasión, según su declaración ante la fiscalía.
“Si querés seguir trabajando tenés que pagar”
Juan Chediak, presidente de JOSE J. CHEDIACK S.A., relató presiones directas de Julio De Vido: “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”. Describió entregas de dinero en efectivo realizadas en el Ministerio y en la casa de De Vido, con montos que oscilaban entre 100.000 y 250.000 pesos, y señaló a Ernesto Clarens como el financista que daba instrucciones sobre la operatoria.
Un arrepentido relató violentas amenazas
Patricio Gerbi, presidente de COARCO S.A., narró que Claudio Uberti, por orden de Néstor Kirchner según su relato, exigió aportes y amenazó con consecuencias si no se pagaba. Describió tratos humillantes y amenazas sobre su empresa y su familia, además de medidas de presión como multas, demoras en pagos y aumentos tarifarios.
Gerbi dijo haber comenzado a pagar desde mediados de 2004, con entregas en pesos equivalentes a varios miles de dólares por entrega, y que las presiones persistieron pese a los pagos.
Comenzó la audiencia número once del juicio de los cuadernos
El Tribunal Oral Federal N°7, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Germán Castelli y Fernando Canero, con el juez suplente Néstor Costabel, abrió la sala digital poco antes de las 13:45. Julio De Vido y José López participaron de forma remota desde sus respectivos lugares de detención.
No asistió presencialmente el imputado Juan José Luciano, representado por sus defensores. Luciano, de 82 años y acusado por el pago de 12 coimas, sufrió un desmayo en la vía pública y fue asistido por el SAME. La fiscal Fabiana León señaló dificultades para hallar el certificado médico en el sistema judicial, y los secretarios del tribunal informaron que la firma del documento se confirmó pero no se incorporó al expediente.
