El debate sobre la reforma laboral comenzó en el Senado en un clima de fuerte tensión. El interbloque peronista, que se presenta como “Popular”, acusó a La Libertad Avanza y a aliados de conformar las comisiones de forma irregular y anunció que evaluará acciones judiciales contra la ley.
La polémica se desató en la reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde fue elegida como presidenta la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich. Al asumir, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, se sentó también en la mesa principal en el Salón Illia en señal de protesta.
Mayans afirmó que también ocuparía la presidencia y criticó la forma en que se procedía, en medio de empujones mientras Bullrich intentaba tomar la palabra. La situación ocurrió ante la mirada de otros senadores y con un intento infructuoso de mediación por parte del secretario Parlamentario del Senado, Agustín Giustinian.
Tras algunos minutos de tensión, Bullrich pudo hablar y dejó establecido que la comisión se reunirá de nuevo a las 11, junto con la de Presupuesto y Hacienda, para comenzar el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Primer momento tenso en la comisión de Trabajo y Previsión Social: Mayans intentó frenar la continuidad de la reunión después de la elección de Bullrich como presidenta, y denunció irregularidades en el procedimiento. pic.twitter.com/zUSfhzWgMP
— Appdate Legislativo (@AppdateLegis) December 17, 2025
La controversia se originó cuando, en una reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich reunió una mayoría de 44 senadores —sumando oficialismo y bloques dialoguistas— para asegurar el control de las comisiones y dejar en un segundo plano al peronismo, que cuenta con 28 integrantes. Esa distribución fue formalizada en una nota dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Firman la presentación, entre otros, los senadores Luis Juez (Frente Cívico), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Edith Terenzi (Cambia Chubut), Natalia Gadano (Por Santa Cruz), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Misionero), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Carlos Espínola (Unidad Federal).
Mayans sostuvo en la reunión que, según el artículo 14 del reglamento del Senado, la atribución para conformar las comisiones corresponde al cuerpo o, en su defecto, se debe delegar en la vicepresidenta. Por eso, cuestionó que no se haya votado la conformación en el recinto.
El senador formoseño también afirmó que su interbloque fue perjudicado en la distribución de bancas: dijo que les corresponderían siete miembros en comisiones de 17 o 19 integrantes, pero que les asignaron cinco en ambos casos. Por esa razón, el interbloque Popular no designó representantes y dejó vacantes esas bancas, aunque señaló que participará del debate.
Mayans advirtió que la ley podría tener “vicios de nulidad” desde su origen y anticipó que el reclamo judicial será una vía de impugnación. Definió la situación como un inicio cuestionado del tratamiento y criticó la gestión de Bullrich al frente del proceso.
Más tarde comenzó el debate formal del proyecto con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. Al abrir la jornada, el funcionario del Gobierno sostuvo que el texto es “extremadamente equilibrado” y que preserva los derechos esenciales de los trabajadores.
El senador Mariano Recalde, vocero del interbloque Popular en el tema, replicó que el proyecto inclina las condiciones a favor de los empleadores y consideró que por eso no existe equilibrio. También expresó reservas por los orígenes profesionales de Cordero y su vínculo con la UIA.
Entre los puntos principales del proyecto se incluyen: reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido; posibilidad de fraccionar las vacaciones; autorización para extender la jornada laboral y aplicar un “banco de horas”; facultad para pagar salarios en pesos, dólares o en especie y para aumentarlos por productividad; restricciones a las cuotas sindicales; eliminación de la renovación automática de convenios colectivos; y limitaciones al derecho a huelga mediante una ampliación de lo considerado “servicios esenciales”.
Además de Cordero, están previstos los testimonios de Daniela Ramos (subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía); Martín Rapallini (presidente de la UIA); Eloisa Frederking, Ivana Vidal e Ignacio Forconi (Sociedad Rural Argentina); Ricardo Diab (presidente de la CAME); Pablo Devoto (CAC); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores).
