Un informe del Congreso de Estados Unidos divulgado esta semana acusa a China de aprovechar programas de investigación financiados por el Departamento de Energía (DOE) para acceder a tecnologías sensibles con aplicaciones militares, sobre todo en el ámbito nuclear. El documento afirma que colaboraciones financiadas con dinero público han terminado beneficiando al aparato de defensa chino.
La investigación fue realizada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, junto con el Comité de Educación y Trabajo. Sus autores concluyen que durante décadas el Gobierno estadounidense no ha establecido salvaguardas suficientes para evitar la transferencia indirecta de conocimientos estratégicos hacia China a través de proyectos académicos conjuntos.
Según el informe, entre junio de 2023 y junio de 2024 se publicaron más de 4.300 artículos académicos derivados de colaboraciones entre científicos financiados por el DOE y colegas chinos. Aproximadamente la mitad de esos trabajos incluyeron investigadores afiliados a instituciones integradas en la base militar o industrial de China, según los hallazgos del comité.
Los investigadores subrayan que resulta especialmente preocupante que fondos federales hayan respaldado proyectos con laboratorios estatales y universidades chinas que trabajan directamente para el Ejército Popular de Liberación. Algunas de esas entidades figuran en bases de datos del Pentágono que identifican empresas y organizaciones vinculadas al sector militar chino con operaciones o intereses en Estados Unidos.
El informe también documenta colaboraciones con instituciones chinas a las que Washington ha señalado por su presunta participación en ciberataques o violaciones de derechos humanos. Para los legisladores, esos vínculos muestran la ausencia de controles sistemáticos en la evaluación de riesgos de seguridad nacional asociados a la investigación científica.
El Departamento de Energía financia cada año cientos de millones de dólares en proyectos de alta tecnología, que abarcan desde la energía nuclear —incluida la gestión del arsenal atómico— hasta campos como la computación cuántica, la física avanzada y la ciencia de materiales. Además, supervisa una red de 17 laboratorios nacionales que han sido clave en el desarrollo histórico de tecnologías estratégicas estadounidenses.
El reporte se publica en un contexto de creciente presión política en Washington para limitar la cooperación científica con China. En los últimos años, varios comités del Congreso han advertido que asociaciones académicas aparentemente abiertas han facilitado el avance de capacidades tecnológicas chinas con posible uso militar.
Un informe republicano del año pasado ya señalaba que alianzas universitarias entre ambos países permitieron canalizar cientos de millones de dólares en financiación federal hacia investigaciones que beneficiaron sectores críticos para la defensa china. Otra investigación reveló que el Pentágono financió, en un periodo reciente de dos años, cientos de proyectos en colaboración con entidades chinas vinculadas a su industria de defensa.
El nuevo documento propone medidas para endurecer los controles. Entre ellas plantea adoptar un enfoque estandarizado para evaluar los riesgos de seguridad nacional antes de aprobar financiación y exigir que el DOE comparta información sobre vínculos de investigación con China con otras agencias federales para detectar patrones problemáticos.
“Estas fallas de política e inacción han dejado la investigación financiada por los contribuyentes vulnerable a la explotación por parte de la base industrial y de defensa de China”, concluyen los autores del informe. El Departamento de Energía no respondió de inmediato a las consultas sobre las recomendaciones.
La Embajada de China en Washington rechazó las conclusiones del informe y acusó al comité de motivaciones políticas. En un comunicado, el portavoz Liu Pengyu afirmó que “un puñado de políticos estadounidenses está exagerando el concepto de seguridad nacional para obstaculizar los intercambios científicos normales”, una estrategia que, según dijo, “está condenada al fracaso”.
El presidente del comité selecto, el republicano John Moolenaar, afirmó en un comunicado que la investigación revela “un problema profundamente alarmante” y acusó al Departamento de Energía de haber permitido que contribuyentes estadounidenses financien indirectamente el ascenso militar de su principal adversario estratégico.
Moolenaar impulsó este año un proyecto de ley para impedir que fondos federales en ciencia, tecnología y defensa se destinen a colaboraciones con entidades controladas por “adversarios extranjeros”. Aunque la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, no prosperó en la versión final de la ley de defensa anual.
La propuesta provocó una fuerte reacción en la comunidad académica. Más de 750 profesores y altos cargos universitarios advirtieron en una carta enviada en octubre al Congreso que Estados Unidos compite globalmente por talento científico y reclamaron medidas “cuidadosas y específicas” para gestionar los riesgos sin sofocar la colaboración internacional.
El debate, lejos de cerrarse, refleja la tensión entre la seguridad nacional y la apertura científica en una rivalidad tecnológica que seguirá condicionando la relación entre Washington y Pekín.
