Un informe del Congreso de Estados Unidos publicado esta semana sostiene que China ha aprovechado programas de investigación financiados por el Departamento de Energía (DOE) para acceder a tecnologías sensibles con aplicaciones militares, especialmente en el ámbito nuclear. Según el documento, esas colaboraciones habrían permitido que avances financiados por contribuyentes estadounidenses beneficien al aparato de defensa chino.
La investigación fue realizada por el Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino, junto con el Comité de Educación y Trabajo. Sus autores concluyen que, durante décadas, el Gobierno de Estados Unidos no implementó salvaguardas suficientes para evitar la transferencia indirecta de conocimientos estratégicos hacia China a través de proyectos académicos conjuntos.
El informe indica que entre junio de 2023 y junio de 2024 se publicaron más de 4.300 artículos académicos fruto de colaboraciones entre científicos financiados por el DOE y colegas chinos. Aproximadamente la mitad de esos trabajos incluyeron investigadores afiliados a instituciones ligadas a la base militar o industrial de China, según los hallazgos del comité.
Los autores consideran especialmente preocupante que fondos federales hayan respaldado proyectos con laboratorios estatales y universidades chinas que trabajan directamente para el Ejército Popular de Liberación. Varias de esas entidades aparecen en bases de datos del Pentágono que identifican organizaciones vinculadas al sector militar chino con presencia o interés en Estados Unidos.
El informe también documenta colaboraciones con instituciones chinas señaladas por Washington por supuestos ciberataques o violaciones de derechos humanos. Para los legisladores, esos vínculos evidencian la ausencia de controles sistemáticos para evaluar los riesgos de seguridad nacional asociados a la investigación científica.
El Departamento de Energía financia anualmente cientos de millones de dólares en proyectos de alta tecnología que abarcan desde la energía nuclear —incluida la gestión del arsenal— hasta la computación cuántica, la física avanzada y la ciencia de materiales. Además, supervisa una red de 17 laboratorios nacionales que han sido clave en el desarrollo de tecnologías estratégicas estadounidenses.
El reporte se publica en un contexto de creciente presión política en Washington para limitar la cooperación científica con China. En años recientes, varios comités del Congreso han advertido que asociaciones académicas aparentemente abiertas han facilitado el avance de capacidades tecnológicas chinas con potencial uso militar.
Un informe republicano del año pasado afirmó que alianzas universitarias entre ambos países canalizaron cientos de millones de dólares de financiación federal hacia investigaciones que fortalecieron sectores críticos para la defensa china. Otra investigación mostró que el Pentágono financió, en un periodo de dos años, cientos de proyectos en colaboración con entidades chinas vinculadas a la industria de defensa.
El nuevo documento propone varias medidas para endurecer los controles. Entre ellas plantea un enfoque estandarizado para evaluar los riesgos de seguridad nacional antes de aprobar financiación y la obligación de que el DOE comparta información sobre vínculos de investigación con China con otras agencias federales, para identificar patrones problemáticos.
“Estas fallas de política e inacción han dejado la investigación financiada por los contribuyentes vulnerable a la explotación por parte de la base industrial y de defensa de China”, concluyen los autores del informe. El Departamento de Energía no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las recomendaciones.
La Embajada de China en Washington rechazó las conclusiones y acusó al comité de actuar con fines políticos. En un comunicado, el portavoz Liu Pengyu afirmó que “un puñado de políticos estadounidenses está exagerando el concepto de seguridad nacional para obstaculizar los intercambios científicos normales”, una táctica que, sostuvo, está destinada al fracaso.
El presidente del comité selecto, el republicano John Moolenaar, dijo en un comunicado que la investigación revela “un problema profundamente alarmante” y acusó al Departamento de Energía de haber permitido que contribuyentes estadounidenses financiaran indirectamente el fortalecimiento militar de su principal adversario estratégico.
Moolenaar promovió este año un proyecto de ley para impedir que fondos federales en ciencia, tecnología y defensa se destinen a colaboraciones con entidades controladas por “adversarios extranjeros”. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero no prosperó en las negociaciones finales de la ley anual de defensa.
La propuesta generó una fuerte reacción en la comunidad académica. Más de 750 profesores y altos cargos universitarios advirtieron en una carta enviada en octubre al Congreso que Estados Unidos compite globalmente por talento científico y reclamaron medidas “cuidadosas y específicas” para gestionar riesgos sin sofocar la colaboración internacional. El debate —lejos de cerrarse— refleja la tensión entre la seguridad nacional y la apertura científica en una rivalidad tecnológica que seguirá marcando la relación entre Washington y Pekín.
