El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley de defensa que autoriza 901.000 millones de dólares para programas militares y establece un aumento salarial del 3,8% para las tropas. El proyecto, de más de 3.000 páginas y con amplio respaldo bipartidista, será remitido al presidente Donald Trump para su firma tras su paso por la Cámara de Representantes.
Entre sus disposiciones, la norma refuerza las estrategias militares en Centro y Sudamérica, modifica políticas de diversidad dentro de las fuerzas armadas e impone al Pentágono mayores obligaciones de transparencia y supervisión legislativa. El texto refleja un cambio estratégico con énfasis en el desarrollo tecnológico para competir con China.
“Estamos a punto de aprobar, y el presidente firmará con entusiasmo, las mejoras más radicales a las prácticas comerciales del Departamento de Defensa en 60 años”, afirmó el senador republicano Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado.
El Congreso aumentó el presupuesto militar en 8.000 millones de dólares respecto a la petición inicial de la Casa Blanca e incluyó cerca de 400 millones de dólares anuales de ayuda militar para Ucrania, además de financiación para la defensa de Estonia, Letonia y Lituania, reafirmando el compromiso con los aliados europeos.
La ley consolida más de una docena de órdenes ejecutivas del presidente Trump, entre ellas la eliminación de oficinas de diversidad, equidad e inclusión en las fuerzas armadas y la derogación de programas climáticos, lo que según la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, representaría un ahorro estimado en 40 millones de dólares. Asimismo, elimina 1.600 millones de dólares en iniciativas relacionadas con el cambio climático dentro del Pentágono.
En el ámbito legislativo, el Senado aprobó también la derogación de autorizaciones de guerra anteriores, como la empleada en la invasión de Irak en 2003 y la utilizada en la Guerra del Golfo de 1991, con el objetivo de impedir futuros usos expansivos de esas autorizaciones para justificar conflictos. Además, la ley levanta de forma permanente sanciones impuestas al gobierno de Siria, continuando la suspensión temporal establecida por la administración Trump y orientando la medida hacia la reconstrucción económica y una eventual transición democrática en ese país.
El proyecto enfrentó resistencia en la Comisión de Comercio del Senado por disposiciones relativas al uso de aeronaves militares que no transmiten su ubicación precisa, una excepción vinculada al accidente ocurrido en Washington D.C. en enero pasado, en el que fallecieron 67 personas. El senador republicano Ted Cruz, presidente de la comisión, anunció que buscará un acuerdo legislativo bipartidista el próximo mes para exigir que todas las aeronaves militares compartan su posición y así evitar incidentes semejantes.
Exigen al Pentágono videos de ataques a embarcaciones de Venezuela
Los legisladores incluyeron una iniciativa bipartidista que ordena retener el 25% del presupuesto destinado a viajes de Hegseth como medida de presión hasta que las comisiones de Fuerzas Armadas del Senado y de la Cámara reciban el video íntegro y sin editar del bombardeo a una embarcación en el Caribe. En ese operativo, ocurrido a principios de septiembre, murieron once tripulantes, incluidos dos que habían sobrevivido a un primer bombardeo; Estados Unidos calificó a los fallecidos de “narcoterroristas” procedentes de Venezuela. Varios expertos legales consideraron que rematar a sobrevivientes podría constituir un delito.
La disposición exige además que Hegseth entregue todo el material y las pruebas vinculadas con el resto de los ataques de la campaña militar aplicada por la administración Trump en la región del Caribe. El Pentágono había compartido inicialmente solo una parte del video; Hegseth dijo a periodistas, tras reunirse con legisladores, que mostraría el material completo en sesiones reservadas para los integrantes de las comisiones correspondientes, pero descartó su difusión pública argumentando que se trata de información “altamente secreta”.
Trump, en declaraciones iniciales, dijo no oponerse a la publicación completa de las imágenes, pero luego aclaró que la decisión correspondería finalmente a Hegseth.
Según autoridades estadounidenses, la operación en el Caribe y en el Pacífico oriental habría destruido alrededor de dos docenas de embarcaciones supuestamente cargadas de narcóticos y provocado al menos 95 muertos, en un contexto de creciente tensión con el régimen venezolano, al que Washington acusa de liderar redes regionales de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
(Con información de AP/EFE)
