Tras varias idas y vueltas y posturas encontradas, el Gobierno mantiene reuniones intensas con sus aliados para intentar garantizar la aprobación del Presupuesto 2026, que finalmente se buscará sancionar tal como salió de la Cámara de Diputados, sin nuevas modificaciones por falta de apoyo para cambios en el texto.
Desde la Casa Rosada lamentan que el proyecto que se tratará en la sesión del próximo viernes sea el que ya tiene dictamen y que no se podrán incorporar artículos vinculados a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario, ni tampoco otras normas que quedaron afuera luego del rechazo al Capítulo XI.
Con esos dos temas controversiales fuera de la agenda, las autoridades confían en conseguir el acompañamiento de la oposición moderada y, en especial, de las provincias.
“Se puede responsabilizar a (el gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo o a (el de Catamarca, Raúl) Jalil, que estaban molestos —y con razón— porque esas derogaciones se introdujeron sin aviso”, reconoció ante Infobae una fuente cercana a las negociaciones.
Tras el revés en Diputados, varios funcionarios señalaron que, aunque era positivo que el proyecto avanzara, no saldría del Congreso sin ajustes o sin que se resolvieran ciertas cuestiones.
Desde el Poder Ejecutivo advirtieron que mantener vigentes pero no aplicadas esas dos leyes podría generar un desequilibrio fiscal.
“Lo aprobado en el Congreso con esas dos normas es una exageración; la magnitud del gasto es enorme y afecta a todos. Es una irresponsabilidad”, afirmó un integrante del Gabinete.
No obstante, el Gobierno admitió recientemente que no cuenta con los votos necesarios para incorporar artículos sobre la emergencia en discapacidad ni sobre financiamiento universitario, en gran parte por la negativa de la Unión Cívica Radical (UCR), que dispone de 10 bancas en el Senado.
Ante esa situación, se priorizó aprobar el Presupuesto tal cual y dejar para después el intento de derogar esas normas en un debate aparte.
La principal preocupación ahora es evitar imprevistos de último momento, como los que ocurrieron en Diputados, donde un grupo de gobernadores retiró su apoyo y bloqueó la aprobación del Capítulo XI.
Para prevenir un escenario similar, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inició el fin de semana una serie de negociaciones para asegurar los votos.
El domingo por la tarde, Bullrich convocó a una videollamada con los líderes de las bancadas aliadas que, según una estimación oficial, reúnen alrededor de 44 senadores.
“Se intentará aprobar el Presupuesto tal como está, sin modificaciones”, resumió a Infobae uno de los legisladores no libertarios que participó de la comunicación virtual.
Para ese objetivo cuentan con el respaldo de los tres senadores del PRO; pese al malestar en el partido por la exclusión en la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación, ese bloque acompañará el proyecto.
Sin embargo, no está asegurado el apoyo del PRO a otra iniciativa que se debatirá el viernes: la llamada ley de inocencia fiscal, orientada a incentivar el uso de dólares adquiridos en el mercado informal.
Este lunes se volverá a reunir en la Casa Rosada la mesa política para revisar la estrategia parlamentaria; participarán, entre otros, Bullrich, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio “Nacho” Devitt.
La última reunión de ese grupo fue el jueves siguiente a la derrota en Diputados y en el contexto de una movilización de la CGT a Plaza de Mayo; entonces se decidió postergar la reforma laboral hasta febrero para concentrarse en el Presupuesto.
Con esas concesiones, el oficialismo considera que la “ley de leyes” debería aprobarse en el Senado este viernes sin mayores dificultades y con el aval de los gobernadores, que también desean su sanción.
“En principio no debería haber sorpresas”, señaló un funcionario que mantiene diálogo permanente con legisladores propios y de otros bloques.
En el Gabinete creían que los conflictos con las provincias estaban resueltos después de escuchar la posición de Santilli, Bullrich, Adorni y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes desde el inicio se opusieron a incluir las derogaciones polémicas.
