La semana pasada, el pleno del Senado brasileño aprobó, con 48 votos a favor y 25 en contra, el proyecto conocido como ley de dosimetría. Ese texto modifica los criterios para fijar las penas en el sistema penal brasileño. Si el presidente Lula no lo veta, tendrá un efecto inmediato en las condenas de los bolsonaristas implicados en la irrupción de los edificios institucionales del 8 de enero de 2023. El principal beneficiario sería el expresidente Jair Bolsonaro: su pena actual de 27 años y 3 meses se reduciría a 22 años y 1 mes y, tras cumplir aproximadamente 3 años y 8 meses, podría solicitar el régimen semiabierto. Esa fecha podría adelantarse por la deducción de días por estudios y por el eventual cómputo de prisión preventiva ya cumplida en procesos vinculados a manipulación de su dispositivo de vigilancia. El proyecto también deja sin efecto la propuesta más extrema de amnistía impulsada por los hijos de Bolsonaro, que habría permitido incluso su eventual candidatura.
La votación en el Senado fue convulsa: el texto llegó al pleno pocas horas antes de la votación y varios senadores protestaron por la falta de tiempo para su análisis. La presidencia de la Comisión de Constitución y Justicia concedió apenas cuatro horas para su lectura. El proyecto surge como respuesta institucional a los procesos abiertos por el Tribunal Supremo Federal (STF) por los hechos del 8 de enero y contra dirigentes políticos y militares cercanos a Bolsonaro, procesos que han generado críticas sobre la proporcionalidad de las penas. Un caso representativo es el de Débora Rodrigues dos Santos, conocida como “Débora del pintalabios”, condenada por la primera sección del STF en abril a 14 años por cargos que incluyen asociación ilícita armada y atentado contra el estado democrático, tras participar en los ataques del 8 de enero.
El proyecto de dosimetría introduce cuatro cambios principales en la ejecución de penas. Primero, prohíbe la acumulación de condenas —la suma de penas por delitos cometidos en un mismo contexto— y establece reducciones de la pena de hasta dos tercios para quienes actuaron en un “contexto masivo” junto a muchas otras personas, siempre que no hayan tenido roles de liderazgo o financiación. También restablece reglas generales que permiten beneficios como la libertad anticipada tras cumplir 1/6 de la pena y autoriza la deducción de días por actividades de estudio o trabajo, aplicables incluso a quienes cumplan la condena en arresto domiciliario.
Según el diario O Globo, el debate sobre el proyecto habría contado con acuerdos detrás de las cámaras, en los que habrían intervenido el relator del proceso contra Bolsonaro y el juez del STF Alexandre de Moraes. Durante la sesión de la Comisión de Constitución y Justicia, el senador Alessandro Vieira afirmó que el texto era fruto de un acuerdo entre el Gobierno de Lula, parte de la oposición y Moraes. La periodista Malu Gaspar también señaló que el líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner (PT), habría negociado apoyos a cambio de respaldos de la oposición en medidas fiscales sobre el sector de las apuestas y las fintech.
Gaspar añadió que, según Wagner, el pacto se cerró sin consultar al presidente Lula ni a la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann. También se ha especulado sobre si el acuerdo estaría vinculado a condiciones impuestas por la administración estadounidense para levantar sanciones Magnitsky contra Moraes y su esposa, retiradas el 12 de diciembre. La decisión final depende del presidente: Lula declaró públicamente que vetará la ley y defendió la vigencia del respeto a la voluntad electoral, aunque admitió que el veto podría ser anulado por el Congreso; el gobierno ya prevé esa posibilidad en la Cámara de Diputados.
Más allá del impacto político, el proyecto plantea preocupaciones sociales y de seguridad. Frente a la Ley Antifacciones, aprobada días antes para endurecer penas de líderes de organizaciones criminales y restringir progresiones de régimen, la dosimetría suaviza el régimen penitenciario. En la práctica, reduce el tiempo mínimo en régimen cerrado antes de acceder al semiabierto, lo que beneficiaría a líderes de grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho, milicias de Río de Janeiro y autores de delitos graves, incluidos homicidios y feminicidios. Mientras la Ley Antifacciones fijaba porcentajes altos de cumplimiento en régimen cerrado (70–85 %, según gravedad y reincidencia), el proyecto introduce porcentajes mucho menores (50–70 % en distintos supuestos). El fiscal Vladimir Aras advirtió que, aplicando principios favorables al reo, cientos de miles de condenados por múltiples delitos podrían beneficiarse de la recalculación de penas, y expertos alertan que la medida podría complicar la contención del crimen organizado.
Paralelamente, la administración de justicia muestra problemas de eficacia. A principios de diciembre, la Justicia de San Pablo archivó por prescripción el mayor proceso iniciado contra el PCC, una causa abierta en 2013 contra 175 personas, entre ellas líderes de la facción. Tras años de paralización procesal y sin audiencias sustantivas, un juez reconoció la prescripción al haberse superado el plazo legal para juzgar el caso, lo que llevó a la absolución por caducidad procesal de algunos imputados. No obstante, líderes como Marcola siguen privados de libertad por otras condenas acumuladas superiores a 300 años por delitos distintos. Especialistas, como Rafael Alcadipani (FGV), han señalado que el episodio evidencia la lentitud y la falta de coordinación en la lucha contra el crimen organizado.
