La semana pasada, el pleno del Senado brasileño aprobó con 48 votos a favor y 25 en contra el llamado proyecto de ley de dosimetría. Este texto modifica los criterios para fijar las penas en el sistema penal del país y, si no es vetado por el presidente Lula, reducirá las condenas impuestas a los partidarios de Bolsonaro que participaron en la toma de los edificios institucionales el 8 de enero de 2023. El principal afectado sería el expresidente Jair Bolsonaro: su condena actual de 27 años y 3 meses se rebajaría a 22 años y 1 mes y, además, podría solicitar el régimen semiabierto tras cumplir aproximadamente 3 años y 8 meses. Esa fecha podría adelantarse todavía más mediante deducciones por estudio o trabajo y por el cómputo de prisión preventiva ya cumplida, incluida la relacionada con la manipulación de la tobillera electrónica durante su arresto domiciliario. El proyecto de dosimetría también deja fuera la propuesta más extrema de amnistía promovida por los hijos de Bolsonaro, que habría permitido incluso su eventual candidatura.
La votación en el Senado fue convulsa: el texto llegó al pleno pocas horas antes de la votación y varios senadores protestaron por la falta de tiempo para analizarlo. La presidencia de la Comisión de Constitución y Justicia concedió apenas cuatro horas para su lectura. El proyecto surgió como reacción institucional al proceso que instruye el Tribunal Supremo Federal (STF) por los sucesos del 8 de enero y contra Bolsonaro y su entorno, un proceso que ha recibido críticas en torno a la proporcionalidad de las penas. Un caso representativo es el de Débora Rodrigues dos Santos —conocida como “Débora del pintalabios” por haber escrito “Has perdido, idiota” en la estatua de la Justicia en la plaza de los Tres Poderes—, condenada en abril por la primera sección del STF a 14 años de prisión por asociación ilícita armada, ataque al orden democrático, intento de golpe de Estado, daños agravados y amenazas contra bienes federales.
El proyecto de dosimetría introduce cuatro cambios principales en la ejecución penal. Primero, prohíbe la acumulación de condenas cuando los delitos se cometieron en el mismo contexto, evitando sumar penas en esas circunstancias. Segundo, prevé una reducción de la sanción de hasta dos tercios para quienes actuaron en un “contexto masivo” —es decir, junto a muchas otras personas, como en el 8 de enero— siempre que no hayan tenido funciones de liderazgo o financiación. Tercero, restablece la regla general que permite beneficios como la libertad anticipada tras cumplir 1/6 de la condena. Y cuarto, autoriza la deducción de días de pena por actividades de estudio o trabajo, incluso si el condenado cumple la pena en régimen de arresto domiciliario.
Según informó el diario O Globo, el debate estuvo marcado por negociaciones entre bastidores que habrían involucrado al relator del proceso contra Bolsonaro en el STF, el juez Alexandre de Moraes. Durante la sesión de la Comisión de Constitución y Justicia, el senador Alessandro Vieira (MDB) afirmó que “este texto es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Lula, parte de la oposición y el ministro Alexandre de Moraes, entre otros jueces”, y señaló la frecuente interacción de Moraes con senadores en defensa del texto. La periodista Malu Gaspar también señaló que el acuerdo habría contado con el apoyo del líder del Gobierno en el Senado, Jaques Wagner (PT), quien, a cambio, habría solicitado a la oposición el respaldo para aumentar impuestos al sector de apuestas y a las fintech.
Gaspar añadió que, según Wagner, el pacto se alcanzó sin consultar al presidente Lula ni a la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann. Lula ha anunciado su intención de vetar la norma, aunque luego advirtió que su veto podría ser anulado por el Congreso: “Vetaré esta ley. Debemos enseñarles a estas personas el respeto… Si quieren, que anulen mi veto”, dijo en un acto en San Pablo. Además, se discute si el acuerdo tendría relación con condiciones impuestas por la administración estadounidense anterior para levantar, el 12 de diciembre, las sanciones impuestas en virtud de la ley Magnitsky al juez Moraes y a su esposa. El Gobierno ya prevé que un eventual veto presidencial pueda ser derrotado en la Cámara de Diputados.
Más allá del impacto político, la posible entrada en vigor del proyecto plantea inquietudes sociales y de seguridad. Al modificar la Ley de Ejecución Penal, el PL de dosimetría suaviza de forma notable el régimen penitenciario en comparación con la reciente Ley Antifacciones, aprobada días antes, que endurece las penas para miembros de facciones —con penas de hasta 60 años para líderes y posibilidad de alcanzar 120 años—, complica las progresiones de régimen y obliga a que los cabecillas cumplan las condenas en prisiones federales.
En sentido contrario, el PL de dosimetría reduce significativamente el tiempo de prisión en régimen cerrado necesario antes de acceder al semiabierto. Ese cambio beneficiaría a líderes de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, así como a milicias de Río de Janeiro y a autores de delitos graves, incluidos homicidios y feminicidios, que la Ley Antifacciones buscaba sancionar con mayor dureza. Mientras la Ley Antifacciones exige entre el 70% y el 85% de la pena en régimen cerrado según gravedad y reincidencia, el PL de dosimetría baja esos umbrales a porcentajes mucho menores —50%, 55% o, en el mejor de los casos, 60–70%. El fiscal Vladimir Aras alertó en redes sociales que, aplicando el principio de analogía in bonam partem, cientos de miles de condenados por múltiples delitos podrían beneficiarse del recálculo de sus penas y verlas reducidas. Expertos advierten que una ley de este tipo podría complicar aún más la lucha contra el crimen organizado y la respuesta judicial a ese fenómeno.
Un ejemplo de las debilidades del sistema es el archivo por prescripción, a principios de diciembre, del mayor proceso penal iniciado contra el PCC. La causa, abierta en 2013 contra 175 personas vinculadas a la facción —entre ellas Marcola y otros líderes—, permaneció prácticamente paralizada durante más de una década, sin audiencias sustantivas y con varios acusados sin ser citados. El 2 de diciembre, el juez Gabriel Medeiros, de la 1a Vara de Presidente Venceslau (estado de San Pablo), reconoció la prescripción porque el Estado superó el plazo límite de 12 años para juzgar el caso, cuya vigencia expiraba en septiembre de 2025. Como consecuencia, Marcola y otros imputados fueron absueltos en ese proceso por la lentitud administrativa, aunque Marcola sigue en prisión federal cumpliendo otras condenas acumuladas superiores a 300 años por homicidios, tráfico y robos, por las que no se ve afectado. Rafael Alcadipani, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, señaló que el caso evidencia la “lentitud y la falta de coordinación” en la lucha contra el crimen organizado y lo calificó como extremadamente grave.
