La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio, informó que en 2025 Arabia Saudita registró 347 ejecuciones —la cifra más alta documentada hasta la fecha—, dos más que las registradas en 2024.
Del total de ejecuciones, el 69 % (238 personas) estuvo vinculado a delitos relacionados con las drogas. ESOHR alertó sobre un aumento notable en condenas por cannabis: 97 personas fueron ejecutadas por delitos asociados exclusivamente a esta sustancia, frente a 15 en 2024.
En los últimos años el reino ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, considerado uno de sus principales problemas. La combinación de alta demanda interna, poder adquisitivo del mercado y posición geográfica estratégica ha convertido a Arabia Saudita en un objetivo para las redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudí contempla la pena de muerte como el castigo más severo para el contrabando de estupefacientes. La ley define como “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el exterior como a quien las recibe y distribuye, y distingue entre infractores primerizos —susceptibles de penas de prisión, azotes o multas, o una combinación de ellas— y reincidentes, que pueden ser condenados a muerte.
En noviembre de 2022, el país reanudó ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revocando una moratoria que la Comisión Saudí de Derechos Humanos había anunciado en 2021.
ESOHR también señaló un aumento en la persecución de extranjeros: representaron el 57 % de las ejecuciones en 2025 (202 casos), y el 94 % de esos casos estuvieron relacionados con narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
La ONG recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de forma significativa el número de ejecuciones.
Según ESOHR, el récord de 2025 “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que confirma el uso continuado de la ejecución como castigo, que suele afectar a los grupos más vulnerables”, lo que contradice declaraciones y compromisos recientes.
La organización advirtió que las cifras oficiales podrían subestimar el número real de ejecuciones debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se apliquen sentencias sin previo aviso, en medio de prácticas que incluyen tortura y la negación a las familias del derecho a despedirse y enterrar a sus seres queridos. Si bien muchas ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
