Hace unos días participamos en La Plata, invitados por la Asociación Diké, en un diálogo sobre la relación entre derechos, justicia y democracia. El objetivo fue diagnosticar con profundidad la gravedad —y el costo social— de la situación jurídico-judicial actual y pensar estrategias y acciones conjuntas para superar esa crisis con una perspectiva orientada al futuro.
Al finalizar, en un ámbito más informal, alguien comentó: “¡No pensé que fueran tan críticos!”. La pregunta que surge es obvia: ¿pueden los académicos, docentes universitarios y abogados comprometidos con los valores democráticos y el Estado de derecho no mantener una postura crítica frente a los tiempos que vivimos?
Se observan decisiones que desatienden la Constitución y el Congreso mediante el uso extensivo de facultades extraordinarias como los DNUs; el empleo de la violencia y discursos de odio para amedrentar a sectores vulnerables; y la profundización de prácticas de doble vara y de polarización amigo/enemigo. Todo ello pone en riesgo las reglas y los cimientos sobre los que se organiza una sociedad democrática y previsible.
Estos ejemplos autoritarios se renuevan con frecuencia. Un caso reciente es el trámite acelerado de proyectos sobre temas esenciales como el régimen laboral y penal, llevado a cabo sin los debates sociales amplios que caracterizaron otras reformas significativas —por ejemplo, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y la sanción del Código Civil y Comercial, cuyo anteproyecto recorrió el país en múltiples encuentros federales. En lugar de debatir y dialogar, se actúa para imponer.
Frente a esta situación cabe preguntar: ¿quién nos puede defender? El Poder Judicial debería cumplir ese papel. Pero la respuesta concreta sobre su actuación actual resulta insatisfactoria.
En el fuero federal las señales son claras. Miembros del propio tribunal han reconocido dificultades internas, citando a la Corte norteamericana: “’Con tristeza por esta Corte’ (…) El poder y no la razón es la nueva costumbre en el proceso de decisión de esta Corte” (Acordada 11/2023); “La invocación de principios de buena administración o gestión, no logra iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones (…) de esta Corte” (Acordada 18/2024); y la referencia a una “ambición desmedida” (Acordada 45/2024).
También se observa que el tiempo y la discrecionalidad se han usado como herramientas con impacto político: decisiones demoradas años en resolverse —por ejemplo, casi 16 años en declarar la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y casi 7 años en resoluciones sobre identidad en casos de gestación por sustitución— y la falta de resolución de planteos esenciales como la constitucionalidad del decreto 70/2023.
La Corte ha avalado, en ocasiones, interpretaciones laxas sobre la legitimación procesal activa cuando están en juego derechos humanos, especialmente en conflictos de naturaleza colectiva que suelen confrontar a gobiernos con tendencias autoritarias.
Al mismo tiempo, la Corte evita debates sobre su propia calidad institucional, como la paridad de género, pero aplica con rigor formalismos que excluyen del análisis conflictos sociojurídicos relevantes, amparándose en exigencias formales previstas en la Acordada 4/2007, pese a que esa misma norma permite, “según su sana discreción”, superar defectos formales que no constituyan un obstáculo insalvable.
Esto plantea una cuestión práctica: ¿una norma pensada en un mundo analógico puede permanecer inalterada en una era digital marcada por avances científicos y tecnológicos acelerados? Mientras en el tribunal continúa la contabilización analógica de renglones y hojas, la inteligencia artificial y la computación cuántica avanzan rápidamente, transformando los marcos de información y decisión.
Contrario a lo sostenido por el presidente del tribunal, cuando un gobierno utiliza mecanismos excepcionales previstos por la Constitución para clausurar la labor del Congreso y consolidar derechos por decreto, el Poder Judicial debe actuar con urgencia y compromiso. Esperar “los tiempos de la política” no es admisible cuando la política ha fracasado y la inacción puede permitir la transformación de la democracia en autocracia con daños intergeneracionales difíciles de reparar.
Por eso, criticar y preocuparse por un Poder Judicial que puede no defender adecuadamente ante atropellos constitucionales y múltiples violencias no es una postura partidaria sino un imperativo ético.
Tocar fondo, aunque grave, también puede abrir una ventana para generar nuevos anticuerpos institucionales, culturales y democráticos que permitan una etapa de reconstrucción. Pero esa posibilidad no surge por sí sola: exige una decisión previa sobre la postura desde la cual se afronta la crisis.
El interrogante central no es si el deterioro continuará, sino qué rol se está dispuesto a asumir: intervenir activamente —con los costos y la responsabilidad que ello implica— o permanecer como espectador. La pasividad no es neutral; en contextos de erosión institucional, suele equivaler a un consentimiento diferido y contribuye a la degradación.
Elegir es ineludible cuando está en juego la capacidad del Poder Judicial como garante último de la Constitución, de la vigencia efectiva de los derechos y del funcionamiento democrático. Si el Poder Judicial abdica por comodidad, temor, cálculo o resignación, la Constitución pierde fuerza como límite y la legalidad se transforma en una administración del poder de turno.
La pregunta, sin eufemismos, es si se quiere participar de la reconstrucción o adoptar un papel decorativo. Defender un modelo constitucional que impone límites, controles y razones públicas implica asumir costos; renunciar a ello puede ofrecer tranquilidad momentánea, pero normaliza el deterioro. La historia muestra que recuperar la República es más costoso cuando la degradación se instala, y casi nunca lo pagan quienes la provocaron: lo pagan la ciudadanía, los derechos y la democracia.
