Días atrás se registró un episodio de inseguridad en el frente de una vivienda situada en la intersección de las calles Chacabuco y Palacios, en Banfield. Un hombre de 70 años llegaba a su domicilio en una camioneta Volkswagen Amarok cuando fue interceptado por asaltantes. No se ofrecen en el texto más detalles sobre el estado de la víctima ni sobre detenciones relacionadas con ese hecho.
En relación con una causa judicial vinculada a la empresa Sur Finanzas, la casa de la madre del titular de la firma fue allanada en Banfield. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre por la Dirección General Impositiva (DGI). Esa denuncia apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión impositiva y el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.
Uno de los ejes centrales del expediente es el análisis forense de los teléfonos celulares del principal investigado, identificado como Vallejos, y de su madre. Esos dispositivos ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo peritaje de la Policía Federal. A través de ese análisis, los investigadores buscan corroborar transferencias sospechosas detectadas desde 2020 por montos que, según la causa, superarían los 800 mil millones de pesos. Esas transferencias habrían involucrado a monotributistas con escasa capacidad económica y a empresas consideradas “fantasma” o de fachada.
El propósito de la pesquisa es determinar la naturaleza y el destino de esos movimientos financieros, en particular si están relacionados con la compra de dólares oficiales sin el correspondiente respaldo legal —operaciones que, de confirmarse, podrían haber sido utilizadas para luego direccionar esos activos hacia el mercado informal— o si formaron parte de estructuras más complejas de blanqueo. El peritaje de los teléfonos y el cruce de datos bancarios y transferencias serán clave para establecer vínculos entre las cuentas y las empresas involucradas y para detectar posibles patrones de funcionamiento.
Hasta el momento de la información disponible, el caso continúa en etapa investigativa con medidas de prueba en curso. La presencia de la DGI en la denuncia y la intervención de la Policía Federal indican que las pesquisas abarcan tanto aspectos fiscales como penales. No se detallan imputaciones formales ni resoluciones judiciales definitivas en el texto original, por lo que el estado procesal puede variar a medida que avancen las pericias y se practiquen otras medidas probatorias.
