El Gobierno nacional endureció las instrucciones a las entidades financieras para facilitar el ingreso de dólares al circuito formal. Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que el Banco Nación instruirá a su personal a ajustarse estrictamente a la normativa vigente y advirtió que cualquier empleado que solicite documentación no prevista por la ley será despedido.
Esto ocurre en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada por el Congreso pero aún no promulgada ni reglamentada. El objetivo oficial es promover la formalización de ahorros que hoy permanecen fuera del sistema bancario, acelerando la puesta en marcha de la ley mientras se define su operativa.
Adorni afirmó en rueda de prensa que quien pida documentación que exceda la norma será separado del cargo. Explicó que, para depositar dólares, bastará acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que esos fondos podrán usarse para consumo, ahorro o inversión. Defendió el cambio normativo afirmando que con el nuevo esquema “los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y que “Argentina dejó de vivir en el reino del revés”.
La instrucción del Ejecutivo busca eliminar obstáculos para los ahorristas y evitar que los bancos impongan requisitos adicionales a los que establece la ley. La orden se dirigió especialmente al Banco Nación pero alcanza a todas las entidades: solo deberá pedirse la adhesión al régimen simplificado de Ganancias para aceptar depósitos de dólares provenientes del ahorro personal.
La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentrará los controles en los ingresos facturados y las deducciones, sin revisar gastos ni bienes. El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y permite realizar operaciones de mayor magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías, concesionarias o tarjetas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó el mensaje en redes sociales y advirtió públicamente a las entidades financieras: si en otros bancos solicitan documentación adicional, los usuarios pueden acudir al Banco Nación, donde se dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley y limitar la exigencia a la adhesión al régimen simplificado.
Caputo subrayó que quienes se adhieran al régimen simplificado podrán depositar sus dólares y disponer de ellos de inmediato, ya sea para consumo o para conservarlos y obtener intereses, con una operativa comparable a la de sistemas financieros internacionales.
El propósito de la norma es modificar la relación entre contribuyentes y Estado, priorizando la incorporación de ahorros al sistema formal. Juan Pazo, ex titular de ARCA, explicó que el régimen permitirá exteriorizar y depositar en un banco hasta $10 millones sin que ello implique un delito de evasión tributaria, y destacó que, según observaciones del FMI, incorporar depósitos en dólares favorece la inclusión financiera. Pazo pidió transmitir tranquilidad a los ahorristas.
Pazo añadió que la renta de fuente extranjera puede incorporarse al régimen simplificado si se declara ante ARCA y que, cuando los fondos se destinen a la compra de bienes como autos o maquinaria agrícola, la operación deberá estar bancarizada por alguna de las partes. También señaló que las entidades están actuando con mayor cautela que la recomendada por organismos internacionales y que cuando un banco comience a aceptar estos fondos, aquellos que no lo hagan quedarán en desventaja.
La advertencia del Ejecutivo a los empleados del Banco Nación tiene como objetivo acelerar la implementación de la ley y despejar dudas sobre los depósitos en dólares. Desde el Gobierno admiten que los cambios en la normativa penal no son sencillos de aplicar, pero sostienen que la iniciativa se trabaja con prioridad para favorecer la remonetización de la economía.
El texto legal, además de establecer requisitos y límites para los adherentes, actualiza montos en delitos tributarios, eleva los umbrales de evasión simple y agravada y prevé la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago en ciertas condiciones. También reduce los plazos de fiscalización y reclamo impositivo a esquemas de tres, cinco o diez años según el nivel de cumplimiento fiscal.
Mientras tanto, las entidades financieras esperan definiciones y han planteado sus inquietudes ante el Banco Central. Fuentes del sector describen al sistema como “bastante confundido” y a la espera de precisiones sobre la operatoria definitiva que regirá una vez que la norma sea promulgada y reglamentada por ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF). La postura oficial es que los bancos deben ceñirse estrictamente a la letra de la ley y evitar exigencias adicionales.
La medida busca incorporar al circuito formal divisas que hoy están fuera del sistema, en línea con recomendaciones internacionales y con el argumento de que esa inclusión fortalece el sistema financiero nacional. El Gobierno enfatiza que, si se cumplen los requisitos previstos, los ciudadanos no serán tratados como sospechosos y podrán disponer de sus fondos sin exigencias adicionales del Estado.
La directiva vigente establece que cualquier pedido de documentación extra por parte de empleados del Banco Nación será causal de despido inmediato. Las autoridades reiteran que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias será la única condición necesaria para acceder a los beneficios previstos, mientras avanza la reglamentación definitiva.
La presión oficial sobre el sistema financiero busca garantizar que los ahorristas puedan incorporar sus dólares de manera ágil y sin trabas, al tiempo que se impulsa un nuevo marco de relación entre contribuyentes y Estado. La aplicación plena de la Ley de Inocencia Fiscal dependerá de su promulgación y reglamentación, pero las directrices oficiales ya anticipan un cambio de paradigma para quienes quieran ingresar dólares al circuito formal.
