Una conductora identificada como proveniente de Lomas atropelló y provocó la muerte de una persona en Nordelta. Tras el choque, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la investigación penal.
En la causa penal, la investigada, Loreley Quevedo, fue imputada por el delito de homicidio culposo. En primera instancia intervino personal de la comisaría 2a de Tigre y el fiscal de turno en Benavídez, Cosme Iribarren. Con el avance del expediente, la investigación quedó a cargo del fiscal José Amallo. Según la información oficial, la conductora permanece vinculada al proceso judicial mientras se desarrollan las diligencias.
El delito de homicidio culposo se configura cuando la muerte de una persona ocurre por una conducta negligente, imprudente o sin la debida previsión, sin que exista intención de matar. En este tipo de causas, la pesquisa judicial suele orientarse a determinar las circunstancias del siniestro: si hubo exceso de velocidad, incumplimiento de normas de tránsito, maniobras peligrosas, condiciones del vehículo, presencia de alcohol o drogas, y si existían factores externos —como el estado de la vía o la visibilidad— que hayan colaborado en el accidente.
Las medidas habituales que se practican en expedientes de esta naturaleza incluyen la recolección de testimonios de testigos, cámaras de seguridad o de tránsito que pudieran haber registrado el hecho, peritajes mecánicos sobre el vehículo, análisis toxicológicos y alcoholemia, y la reconstrucción del accidente a cargo de especialistas. Estas pruebas permiten al fiscal formar una convicción sobre la responsabilidad penal y decidir si corresponde formular la acusación formal y solicitar medidas cautelares o, eventualmente, elevar el caso a juicio oral.
Quienes están imputados por homicidio culposo pueden enfrentar distintas medidas procesales: desde la prisión preventiva —si el juez considera que existen riesgos procesales como peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación— hasta medidas menos gravosas como la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial o la retención del vehículo. La causa puede finalizar con un sobreseimiento si no se acreditan responsabilidades, con una condena tras un juicio o con otras resoluciones intermedias, en función de la prueba reunida.
Por el momento, la información disponible indica que la causa sigue su curso bajo la instrucción del fiscal Amallo y que la conductora continúa vinculada al proceso. Cualquier avance significativo —nuevas imputaciones, apertura de juicio o resolución judicial— dependerá del resultado de las peritaciones y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales a medida que se complete la investigación.
