La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, según informó Infobae. Un grupo de feriantes acusa a W.G., J.R. y G.R. de haberlos estafado aprovechando la crisis laboral generada por la clausura del predio de La Salada a mediados del año pasado, cuando los puesteros se encontraban imposibilitados de trabajar.
El vínculo con los imputados se habría desarrollado cuando J.R. se presentó como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina (SUTFRA) y W.G. afirmó ser presidente de la Organización Internacional de Trabajadores Independientes (OITI). La denuncia sostiene que esa última entidad existiría apenas desde 2024 y no tendría reconocimiento oficial. Entre el 7 y el 12 de julio, los denunciados habrían construido un relato en el que aseguraban tener contacto directo con la fiscal federal Cecilia Incardona, prometiendo gestionar ante la Justicia Federal la restitución de los puestos de trabajo.
Para dar apariencia de legalidad a sus gestiones, los acusados habrían presentado audios, mensajes, correos electrónicos y documentos falsificados, entre ellos un supuesto correo de la Fiscalía Federal N°2 y un amparo con firmas adulteradas. Con esos elementos, lograron convencer a miembros de la Cooperativa Ocean de Provisión para Feriantes y Comerciantes para pagar sumas importantes. Según la denuncia, los feriantes reunieron 12.600.000 y 18.900.000 pesos en dos sobres que entregaron en el domicilio de J.R. en Longchamps, bajo presión. Durante la entrega, los denunciados habrían exhibido armas de fuego para reforzar la coacción.
Uno de los testimonios incluidos relata que a la reunión debían llevar 25.000 dólares en dos sobres; posteriormente, los sospechosos exigieron pagos adicionales, advirtiendo que sin entregar 15.000 dólares más no habría solución. Cuando las víctimas contactaron a la verdadera secretaria general de SUTFRA, Mariana Berbeglia, el engaño salió a la luz. A partir de ese momento, los acusados habrían enviado amenazas, mensajes difamatorios e incluso intimidaciones de muerte.
En el escrito presentado ante la fiscalía se enumeran los ilícitos que se atribuyen: estafa reiterada, usurpación de títulos, tráfico de influencias, falsificación de documentos, asociación ilícita, amenazas, coacción y difamación agravada, todos de competencia federal. La denuncia solicita medidas de protección urgentes, la detención de W.G. y J.R. por riesgo procesal y que los 41 feriantes sean reconocidos como querellantes particulares. También pide que la fiscal Cecilia Incardona sea informada de inmediato sobre la maniobra realizada en su nombre.
