Cuba cerró el año 2025 con un saldo preocupante en materia de derechos humanos: 1.197 presos políticos y de conciencia, una cifra que evidencia tanto la continuidad como la profundización de la represión estatal.
Así lo indica el informe de cierre anual de la organización internacional Prisoners Defenders, que registra 134 nuevas detenciones políticas durante 2025, en un contexto marcado por la ausencia de garantías judiciales y el uso sistemático del castigo físico y psicológico como instrumento de control social.
“Nuestra lista contiene personas sometidas a sentencias o disposiciones fiscales de privación de libertad sin supervisión judicial, sin debido proceso y sin defensa efectiva”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, al presentar el informe con fecha 15 de enero de 2026.
No se trata, aclaró, de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de un sistema de persecución estructural que recorre todo el aparato estatal cubano.
Según el relevamiento, durante 2025 pasaron por las cárceles cubanas 1.290 prisioneros políticos, todos sometidos a algún tipo de tortura, como ya había documentado la organización en estudios anteriores. Solo en diciembre fueron encarceladas diez personas —siete hombres y tres mujeres—, la mayoría en el oriente de la isla, acusadas en gran medida del delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal ambigua y reiterada para criminalizar la disidencia.
El impacto humano de estas cifras es devastador.
Entre los casi 1.200 presos políticos identificados hay 128 mujeres y 32 personas detenidas siendo menores de edad: 29 varones y tres mujeres. Además, 464 presentan patologías médicas severas y 42 padecen trastornos graves de salud mental, sin recibir atención médica o psiquiátrica adecuada. “Son dolencias causadas o agravadas deliberadamente por la mala alimentación, los maltratos y la falta de atención médica”, denunció Larrondo.
Uno de los ejes centrales del informe es la condena a 219 manifestantes acusados de “sedición”, con penas que promedian los diez años de prisión. Entre ellos, 16 fueron detenidos siendo menores, lo que vuelve a evidenciar el incumplimiento sistemático de los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de protección de la infancia.
Pero el informe no se limita a describir la situación dentro de la isla.
Prisoners Defenders advierte que el modelo represivo cubano se está exportando, especialmente a Venezuela. La organización documentó la muerte de más de 64 militares cubanos integrados al anillo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, lo que, según sus investigaciones, confirma la presencia masiva de fuerzas represivas cubanas en territorio venezolano, pese a las negaciones oficiales.
“Estamos sumando testimonios sobre torturas diseñadas y ejecutadas por agentes cubanos en Venezuela”, sostuvo Larrondo, quien explicó que los relatos coinciden exactamente con los 15 patrones de tortura identificados en cárceles cubanas: agresiones físicas, privación del sueño, posturas forzadas, tortura sexual y amenazas constantes. La metodología, señala el informe, es la misma.
Otro punto clave es lo que Larrondo denomina el “fraude del lenguaje”. Tanto en Cuba como en Venezuela, los gobiernos anuncian “liberaciones” que en realidad son excarcelaciones condicionadas, bajo amenazas y con control policial permanente. “No son liberaciones, porque las personas siguen teniendo causas abiertas y condenas vigentes”, remarcó. En Cuba, recuerda el informe, en enero de 2025 el gobierno anunció la liberación de 553 presos, pero solo 219 presos políticos fueron efectivamente excarcelados, sin que ello implicara el fin de la persecución.
El cierre del informe es una interpelación directa a la comunidad internacional. “Basta de normalizar lo inaceptable”, reclamó Larrondo, y exigió a la Unión Europea, a los gobiernos democráticos y a los organismos internacionales medidas concretas, verificables y urgentes. “Las víctimas necesitan protección, visibilidad y justicia”, subrayó, citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión.
