Las autoridades iraníes confirmaron la detención de al menos 3.000 personas tras las protestas que se extendieron desde el 28 de diciembre, iniciadas por el cierre de comercios en Teherán y la fuerte devaluación del rial.
Los enfrentamientos derivaron en movilizaciones masivas con consignas contra la República Islámica y el líder supremo, Alí Khameneí. Fuentes de seguridad citadas por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, calificaron a los detenidos como “terroristas” o participantes activos en los disturbios.
Organizaciones independientes como HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, sostienen que la cifra real de detenidos supera los 19.000, entre ellos 169 menores.
La subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, dijo a CNN que la verificación es difícil debido a la falta de acceso a datos y a las restricciones en Internet.
En las últimas horas las fuerzas de seguridad lograron contener las protestas, aunque persiste una vigilancia policial y militar en las principales ciudades.
El grupo Hengaw, con sede en Noruega, informó a Reuters que no se registraron nuevas concentraciones, pero que la presencia de fuerzas gubernamentales continúa en las ciudades que fueron epicentro de las movilizaciones. Un video verificado mostró decenas de cadáveres en un centro forense de Teherán, sin que se haya confirmado la fecha de las imágenes.
Testimonios recogen casos graves de violencia: una residente relató que su hija de 15 años murió tras ser perseguida por miembros de la fuerza paramilitar Basij.
La crisis provocó reacciones internacionales. Estados Unidos advirtió sobre “graves consecuencias” si persistía la represión, mientras que diplomáticos de Arabia Saudita y Qatar buscaron disuadir una intervención militar estadounidense.
El presidente ruso, Vladimir Putin, contactó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente iraní Masoud Pezeshkian para expresar la disposición de Moscú a mediar, según informó el Kremlin.
Las autoridades iraníes atribuyeron la violencia a la injerencia extranjera, responsabilizando a Estados Unidos e Israel de apoyar a quienes calificaron como “terroristas”. Entre las detenciones se incluyen supuestos líderes de los disturbios en la provincia de Kermanshah y cinco personas acusadas de vandalizar una gasolinera y una instalación del Basij en Kerman.
Las protestas, que se originaron por la inflación y la crisis económica, se han convertido en el mayor desafío al régimen clerical desde 1979.
En este contexto, familias de manifestantes fallecidos denunciaron que las autoridades exigen pagos elevados, entre 5.000 y 7.000 dólares, para entregar los cuerpos, según reportó la BBC.
Testimonios recopilados por el servicio en persa de la emisora indican que en varios hospitales y funerarias los cadáveres no son entregados si no se abonan esas sumas, una condición imposible de cumplir para muchos, dado que los salarios mensuales suelen ser inferiores a 100 dólares.
La situación continúa en desarrollo y las restricciones de información dificultan una verificación independiente de todos los hechos.
(Con información de EFE y Reuters)
