Estados Unidos, Brasil y Argentina comenzaron a debatir y legislar sobre biocombustibles en la década de 1970, pero cada país siguió rutas distintas. Hoy, Estados Unidos lidera producción y consumo; Brasil es el segundo gran productor, con el mayor porcentaje de mezcla en gasolinas; y Argentina actúa como un actor más pequeño, aunque con buena eficiencia productiva y un potencial de crecimiento aún poco aprovechado, según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).
El etanol se consolidó como una herramienta clave para descarbonizar la matriz energética sin sacrificar la seguridad de abastecimiento. Se obtiene de materias primas agrícolas ricas en almidón o azúcar —maíz, sorgo, trigo, cebada, caña de azúcar, remolacha— y también de fuentes celulósicas como pastos y residuos forestales o agrícolas, mediante procesos de fermentación que permiten su uso mezclado con naftas.
Además de sus beneficios ambientales, el etanol tiene ventajas económicas: agrega valor en origen, dinamiza economías regionales y reduce la dependencia de combustibles fósiles importados. Su expansión ocurre en un contexto de mayor demanda energética y depende de normas estables y políticas capaces de sostener inversiones y mercados.
El análisis comparativo sobre la industria etanolera en Argentina, Brasil y Estados Unidos concluye que los tres países disponen de recursos para liderar, pero los resultados dependen de la disponibilidad de insumos, la escala industrial, las señales económicas y, sobre todo, marcos regulatorios consistentes.
En Argentina, la experiencia empezó con el Programa Alconafta (impulsado en 1978 y vigente desde 1979), que estableció un corte del 15% en naftas comunes. Ese esquema se fue ampliando en provincias del norte y centro y fue reglamentado mediante la Ley 23.287 en 1985, pero problemas económicos, técnicos y políticos llevaron a su desactivación en 1989.
El etanol volvió a la agenda en 2006 con la Ley 26.093, que creó el Régimen de Promoción de Biocombustibles. Se fijó un corte inicial del 5% en naftas —luego elevado hasta el 12%— y se establecieron pautas para la producción, comercialización, mezcla y distribución, marcando el relanzamiento del sector.
En 2021 la Ley 27.640 prorrogó y redefinió el régimen hasta 2030. Ratificó el 12% obligatorio con una particularidad: un reparto entre materias primas —6% de etanol de caña y 6% de etanol de maíz— y otorgó al Poder Ejecutivo facultades transitorias para modificar el nivel de corte, fijar precios y asignar cupos.
Actualmente la Secretaría de Energía de la Nación es la autoridad de aplicación: define precios mensuales en pesos por litro según insumo, asigna volúmenes obligatorios por planta, controla calidad y habilita exportaciones o importaciones. Al mismo tiempo, el debate legislativo está abierto por dos proyectos presentados por la Liga Bioenergética y por legisladores vinculados a La Libertad Avanza, lo que mantiene la incertidumbre regulatoria.
En lo industrial, Argentina cuenta con 18 plantas distribuidas en seis provincias: Tucumán (7), Córdoba (3) y Jujuy, Salta, San Luis y Santa Fe (2 cada una). La geografía productiva muestra que el norte se focaliza en caña y el centro en maíz. Según estimaciones del USDA, la capacidad total del país ronda los 1.650 millones de litros anuales.
La producción argentina promedia alrededor de 800 millones de litros por año entre 2010 y 2024, con una tendencia creciente en los últimos años. En los inicios la producción dependía casi exclusivamente de la caña, pero desde 2012 el maíz ganó participación y, en promedio, el 52% del etanol nacional proviene de maíz, alcanzando un pico del 67% en 2023.
En eficiencia, el maíz rinde mucho más: entre 400 y 420 litros por tonelada, frente a 70–85 litros por tonelada de caña. Pese a ello, la estructura industrial hace que el 78% de las materias primas utilizadas siga siendo caña —unas 5,3 millones de toneladas anuales— y el 22% restante se satisfaga con maíz —aproximadamente 1,4 millones de toneladas por año.
Etanol: el modelo brasileño
Brasil presenta un modelo consolidado y de gran escala. Su punto de partida fue el Proálcool de 1975, que institucionalizó el uso obligatorio de etanol anhidro en la gasolina y promovió una expansión sostenida. Desde 2015 el corte obligatorio es del 27% y en 2017 se creó RenovaBio (Ley 13.576), que fijó metas de descarbonización y generó los CBIOs, instrumentos que premian la eficiencia ambiental.
Con 365 instalaciones y una capacidad productiva promedio de 45.603 millones de litros anuales, Brasil es el segundo productor mundial, con campañas que promedian 25.000 millones de litros y ciclos que superaron los 30.000 millones. Además, su consumo interno supera los 23.000 millones de litros anuales en un mercado dominado por vehículos flex, capaces de usar etanol y gasolina.
EE.UU. líder mundial en la industria del etanol
Estados Unidos lidera el mercado global gracias a su escala industrial y la fuerza de su demanda interna. Si bien la industria se expandió tras los shocks petroleros de los 70, el gran impulso fue el Renewable Fuel Standard (RFS) de 2005, que estableció mandatos mínimos para biocombustibles. Con mezcla obligatoria E10 y habilitación de E15 para ciertos vehículos, el país opera con 191 plantas y una capacidad anual cercana a 69.935 millones de litros.
La comparación final de la Bolsa de Cereales de Córdoba subraya un mensaje claro: el crecimiento del etanol exige reglas claras, continuidad institucional y un sistema de incentivos coherente. Brasil combinó mercado y clima con RenovaBio y un consumo interno sólido; Estados Unidos se apoyó en mandatos, escala y herramientas de mercado; y Argentina debe convertir su potencial en un camino sostenido mediante un marco regulatorio más previsible, equilibrado entre metas ambientales y eficiencia económica, que atraiga inversiones a largo plazo.
