El régimen iraní reconoció este miércoles que al menos 3.117 personas fallecieron durante las protestas que comenzaron a finales de diciembre, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
El anuncio lo hizo la Fundación de Veteranos y Mártires y fue difundido por la televisión estatal; supone el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, pero observadores independientes han cuestionado rápidamente los datos.
Las movilizaciones, surgidas inicialmente por el descontento económico, derivaron en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que representaron un desafío directo a la teocracia instaurada tras la revolución de 1979.
Según Ali Akbar Pourjamshidian, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires”, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Otros 690, según la versión oficial, fueron clasificados como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.
No obstante, fuentes independientes señalan que el régimen tiene un historial de subestimar el impacto de su represión. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó que “todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto”.
Amiry-Moghaddam indicó que, si se aplica el mismo patrón de ocultamiento que el régimen ha empleado en otros casos, como en ejecuciones, el balance podría llegar a o incluso superar las 25.000 víctimas fatales.
“Las evidencias que tenemos señalan de forma consistente la responsabilidad del Estado: los manifestantes fueron atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluyendo el uso de ametralladoras pesadas”, declaró Amiry-Moghaddam.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el número de muertos verificados a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mayor debido a las dificultades para recopilar información en un país sometido a un estricto apagón de internet.
El régimen defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, asegurando que los disturbios fueron provocados por “elementos terroristas” con apoyo de Estados Unidos e Israel. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado, sin embargo, el uso deliberado de munición real y disparos dirigidos a los ojos desde tejados y posiciones elevadas, además de represión contra mujeres y menores. El grupo Hengaw, radicado en Noruega, confirmó la muerte de al menos 42 mujeres a manos de las fuerzas estatales.
La falta de acceso a información independiente sigue siendo un obstáculo clave para determinar el alcance real de la represión. Netblocks ha documentado más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificulta la comunicación dentro y fuera del país. Material audiovisual que ha logrado salir de Irán muestra morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares tratando de identificar a los fallecidos en condiciones caóticas.
Las protestas, originadas por el aumento del costo de la vida y una crisis económica agravada por sanciones internacionales, pronto se transformaron en un desafío directo al liderazgo clerical. La respuesta del régimen incluyó el despliegue de fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortes de comunicación y ataques directos contra manifestantes.
“El mundo está observando”, advirtió Mahmood Amiry-Moghaddam, quien pidió a la comunidad internacional la adopción de mecanismos para proteger a los civiles iraníes y sancionar a los responsables de la represión.
En paralelo, las tensiones con Estados Unidos se han intensificado. El canciller iraní Abbas Araqchi advirtió en un artículo en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, mientras el entonces presidente Donald Trump reiteró que cualquier agresión iraní recibiría una respuesta “fulminante”.
Mientras las autoridades iraníes intentan cerrar el capítulo de las protestas responsabilizando a “enemigos externos”, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la violencia estatal no debe quedar impune. El verdadero coste humano de la represión podría conocerse en semanas o meses, pero ya supera episodios semejantes registrados en las últimas décadas del país.
(Con información de AFP y EFE)
