El régimen iraní difundió este viernes un balance oficial de víctimas de las protestas iniciadas a fines de diciembre, en un intento por fijar su versión de los hechos ante la condena internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, informó que 3.117 personas habrían muerto durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que calificó de “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos 2.427 son “civiles y agentes de seguridad”.
El ministro no precisó los criterios empleados para catalogar a las 600 personas como “terroristas” ni aportó comprobación independiente de esa cifra.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de comunicados parciales y datos fragmentarios.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales señalan que el recurso a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para contabilizar víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales difieren de las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos, y que denuncian uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios daños significativos en infraestructura pública, y dijo que los “ataques terroristas” afectaron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a fines de diciembre en el contexto de una grave crisis económica marcada por la caída del rial y una inflación persistente; se multiplicaron en Teherán y otras ciudades con reclamos por la situación económica y por el rechazo a la gestión política, y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y enérgica.
El gobierno iraní atribuye la violencia a actores externos y a opositores en el exilio, y afirma que esas fuerzas habrían alimentado los disturbios para justificar una posible intervención internacional; esa narrativa se vio reforzada tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de nuevas acciones contra Irán si persistiera la represión.
Entretanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y exige el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto asimismo insta a asegurar juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales y a evitar la imposición de la pena de muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Turk durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
