El régimen de Irán difundió este viernes su propio balance de víctimas de las protestas que comenzaron a fines de diciembre, buscando fijar su versión sobre una represión que ha recibido críticas internacionales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, declaró que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, e incluyó entre ellas a 600 que las autoridades calificaron como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos, 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
Araqchi afirmó públicamente que “entre los muertos hay 600 terroristas”, sin detallar los criterios empleados para esa clasificación ni aportar verificación independiente de esa cifra.
Es el primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de comunicados parciales y versiones fragmentarias.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales señalan que el hecho de que el gobierno haya recurrido a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas evidencia la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que llegan hasta 5.000 muertos y reportan decenas de miles de detenidos en una represión que afectó a numerosas ciudades. Esos grupos denuncian uso letal de la fuerza y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una destrucción generalizada de infraestructura pública: dijo que los “ataques terroristas” dañaron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a fines de diciembre en el contexto de una grave crisis económica, con el desplome del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores. Las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras ciudades, con reclamos sobre la economía y la gestión política; la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen ha responsabilizado a actores externos por la violencia, afirmando que fuerzas extranjeras y opositores en el exilio habrían fomentado los disturbios para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se reforzó tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de volver a atacar a Irán si continuaba la represión.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y exige el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto también insta a garantizar juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y a evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, pidió a las autoridades iraníes que reconsideren sus acciones y pongan fin a lo que calificó de “brutal represión” durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
