El gobierno iraní difundió este viernes su propio balance de víctimas de las protestas que comenzaron a fines de diciembre, en un intento por establecer su versión de los hechos frente a la amplia condena internacional.
El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, incluyendo 600 a las que el régimen calificó de “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos 2.427 serían “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, declaró el funcionario, sin detallar los criterios para esa clasificación ni aportar verificación independiente de la cifra.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas con versiones fragmentarias y comunicados parciales.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal encargado de asistir a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Para observadores internacionales, que el gobierno recurra a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos, y denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios daños de gran magnitud en infraestructura pública, y afirmó que los “ataques terroristas” afectaron a más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a fines de diciembre en el contexto de una profunda crisis económica, marcada por la caída del rial y una inflación persistente que afectó a amplios sectores. Las manifestaciones se extendieron por Teherán y otras ciudades, con reclamos por la situación económica y críticas a la gestión política. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen ha señalado a actores extranjeros y a opositores en el exilio como responsables de alimentar la violencia, argumentando que buscaban justificar una posible intervención internacional. Esa postura se vio reforzada tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles nuevas acciones contra Irán si continuaba la represión.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y exige el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto reclama además que se garantice la celebración de juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales, y que no se impongan penas de muerte por delitos que no sean los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Türk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
